La Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades prevé publicar el jueves 15 de febrero la convocatoria de las oposiciones docentes de 2024. A partir de entonces, se abrirá el plazo de 15 días hábiles para solicitar la inscripción. Además, la Xunta propondrá a otras comunidades autónomas consensuar que las pruebas se celebren el 22 de junio.
Así lo han trasladado representantes de la Administración a los sindicatos que este martes han participado en una extensa reunión de la mesa sectorial docente no universitaria (CIG, CCOO, ANPE y UGT). Todas las organizaciones, consultadas por Europa Press, han coincidido en criticar la insuficiencia de la oferta, que consta en total de 1.743 plazas, aunque más de 200 son de promoción interna.
El principal reproche unánime, más allá de la “falta de negociación” de las cifras por especialidades presentadas en el borrador de la semana pasada, es que no se incluyen las vacantes generadas en el año 2022 a efectos de la tasa de reposición, es decir, por causas como jubilaciones y fallecimientos, entre otras. Si bien las de 2023 están cubiertas al 120 por ciento, faltan las del año anterior.
Los sindicatos estiman que podría haber más de un millar de plazas que la Consellería ahora “se come” al todavía no ofertarlas, tal y como lamenta el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, en declaraciones a Europa Press.
Las pruebas de este año vuelven al modelo anterior al año 2021, cuando se buscó favorecer a aspirantes con experiencia para reducir la temporalidad. Las de 2024 constarán de una fase de oposición que contará dos tercios de la nota y un concurso que contará otro tercio en el que se valorarán méritos como la experiencia laboral previa, la formación y otros asuntos complementarios.
Otra de las novedades de la convocatoria de este año es qué ocurrirá con las plazas del turno de discapacidad --un total de 123-- que queden desiertas. De acuerdo con el borrador presentado la semana pasada, no se iba a poder acumular a la oferta del turno libre, sino que se sumarían a la próxima OPE.
Las organizaciones sindicales han reprochado que se haga una “interpretación restrictiva” de sentencias judiciales. Ante esto, la Administración se ha comprometido a ajustar el texto de la convocatoria para que “no se pierda ninguna plaza” y, de tal forma, permitirá que, si se cubre al menos el 3 por ciento de los puestos reservados para discapacidad, se puedan pasar los restantes al turno de acceso libre.
Bermello (CIG) censura que esta oferta de empleo pública --1.512 plazas, sin contar promoción interna-- va a ser “la más pequeña” de los últimos años, desde 2018, cuando se convocaron 1.653.
Además, “no va a crear ni el primer puesto de trabajo nuevo”, es decir, que no va a suponer un aumento de la dotación docente de Galicia; ni tendrá “ninguna repercusión” la bajada del número de alumnos por aula en Educación Infantil que arrancará el próximo curso 2024/25 --en septiembre--, porque “solo se oferta el 40 por ciento” de las jubilaciones de los últimos años.
La CIG también ha demandado en la mesa que la Consellería de Educación negocie con Función Pública una interpretación más flexible de las leyes de empleo público aplicadas a las OPE docentes, de tal forma que las plazas de promoción interna que año tras año quedan desiertas --estima que en torno al 90 por ciento-- puedan acumularse.
Por parte de CCOO, Borja Campos habla de “oportunidad perdida” con la OPE de 2024, al no incluir las vacantes de la tasa de reposición del 2022. “Supondría reponer las jubilaciones de los últimos años a la vez que se reduce la temporalidad”, afirma, para seguidamente reclamar que, al menos, se convoquen las de aquellas especialidades con mayores tasas de temporalidad.
También el presidente de ANPE en Galicia, Julio Díaz, ha afeado en la reunión la “escasa” oferta y apuesta por una más amplia, que incluya las plazas “pendientes” del 2022. Asimismo, ha lamentado “falta de negociación” del reparto por especialidades.
Tanto ANPE como CCOO han reclamado “un verdadero y efectivo” concurso-oposición, con más tribunales para reducir el número de opositores que evalúa cada uno y que estos, a la hora de evaluar, procuren que se cubra la totalidad de las plazas ofertadas.
Por último, la portavoz de UGT-Ensino, Sandra Montero, reclama que la oferta pendiente del año 2022 “tiene que aparecer por algún sitio” y lamenta que “no ha habido contestación” por parte de la Consellería en este asunto.