Los políticos viven en una burbuja, en un círculo cerrado de muy pocas personas que es difícil traspasar, sin contacto con la calle, con los ciudadanos y ni siquiera con los militantes. En medio de aduladores y de personas que les hacen creer lo que no son, se montan una realidad ficticia, virtual, en la que están cómodos y felices y hasta se inventan los enemigos necesarios dentro de casa como si no tuvieran suficientes con los adversarios políticos.

La falta de diálogo con la calle, con las fuerzas sociales, con los profesionales y sus instituciones, con los empresarios, autónomos, jóvenes, con la cultura y el deporte, con los investigadores, con la Universidad y el resto de la vida educativa, con los pensionistas, en definitiva, el conocimiento de los problemas reales de las personas les aparta de la realidad. Y eso los lleva al descrédito y a la falta de confianza por parte de la ciudadanía. Vivir en la burbuja, no ver más allá de dos metros lleva a políticos como Albert Rivera, Pablo Iglesias o Pablo Casado a la desaparición. Algo nos pasa también en ese sentido a los periodistas, especialmente a los de Madrid y Barcelona, y tal vez esa sea una de las razones -escribir más para los políticos y los poderes económicos que para los ciudadanos- de la insistente caída de ventas de los periódicos y de su menor influencia.

Pero hay muchas más burbujas. Carlos San Juan, ese luchador de 78 años, que ha doblado el pulso a la Banca, consiguiendo mejorar los horarios de atención al público y especialmente a los mayores que viven en la España vaciada, se enorgullecía con razón de que éstos van a poder seguir viviendo “en la burbuja analógica, que es la que les corresponde”. Habrá que seguir vigilando, porque hay mucho que mejorar. Nos cobran por tener una cuenta en un Banco, por no hacer muchos movimientos o por hacerlos, por sacar nuestro dinero de un cajero que no es de nuestro banco, por todo. La relación con nuestra empresa de electricidad, de gas o de móvil cuando hay un problema es casi siempre kafkiana y el que paga, al que deberían servir, tiene todas las de perder. En esa burbuja en la que nos meten, el Ministerio de Consumo del ineficiente y prescindible ministro Garzón ni está ni se le espera. Lo suyo son grandes hazañas políticas. Las Administraciones públicas han diseñado las sedes electrónicas para facilitar el trabajo a los funcionarios y no para hacerlas más accesibles a los ciudadanos. Lo mismo se podría decir del sistema Lexnet de comunicación de abogados y procuradores con la Administración de Justicia. Los ciudadanos y los profesionales pagan siempre los errores de la Administración. Y a reclamar, al maestro armero.

La burbuja del COVID es impenetrable. En enero y febrero ha habido miles de muertos en España. Una media de doscientos o trescientos diarios. Una salvajada. Y la ministra de Sanidad y su Gobierno, el “extinto” Fernando Simón y las comunidades autónomas callan, rebajan las medidas de prevención y miran para otro lado como si no fuera con ellos. Todo sigue cayendo sobre el personal sanitario, igual de desatendido que en lo peor de la pandemia. Otro tanto podemos decir de la impericia del Gobierno para gestionar el Ingreso Mínimo Vital. Dos años después de su puesta en marcha, solo lo recibe un nueve por ciento de la población que vive bajo el umbral de pobreza. Solo ha llegado a un tercio de los beneficiarios previstos. El Gobierno montó su burbuja de bienestar -era una buena idea-, vendió la moto, “fuese y no hubo nada”, que diría el clásico. Allí, en sus cuarteles, donde sólo se escucha a los que adulan, donde solo entran los que aplauden a los suyos, en su burbuja acaban creyendo que el mundo es como ellos lo ven. Lo mismo sucede en la oposición. Por eso, cuando caen de golpe no entienden nada.