Me llama una amiga, que ejerció un muy alto cargo en tiempos de Felipe González: que si quiero firmar la petición de indulto a José Antonio Griñán, otro conocido de viejos tiempos. Aun sin conocer el texto de la sentencia que condena al ex presidente de la Junta andaluza y del PSOE a seis años de prisión, además de la inhabilitación, acepto unirme a la demanda. No solo por estar convencido de que no es cárcel, sino inhabilitación política, lo que corresponde a la ‘negligencia in vigilando’, sin lucro propio, de Griñán. Es que me parece que empieza a ser urgente valorar en este país lo que es pisar la cárcel y quién y por qué debe hacerlo, algo que no puede devaluarse en debates políticos sin sentido.

El propio presidente del PP, empeñado por lo demás en un debate casi frontal con un Gobierno cerril ante cualquier pacto, se ha mostrado tibio: él no quiere ver a Griñán en la cárcel, y añade más de lo mismo: a él, nadie en el Gobierno de Pedro Sánchez le ha consultado nada al respecto. No lo dice, pero se le entiende: las prisiones no están hechas para unos, a mi juicio, delitos de prevaricación o malversación que, en este caso, resultan difíciles de probar de manera palmaria, como queda evidente en la fractura de criterios de la Sala que lo juzgó.

Ya digo: a ver qué leemos en la sentencia y los votos particulares. Lo que pienso es que los centros de reclusión están para castigar el dolo, la mala fe, la apropiación indebida, el abuso sobre los demás. No me consta que Griñán tenga que ver con todo esto, aunque sí con un deficiente cumplimiento de sus funciones: ni él ni Chaves supieron hacerlo, indagar a fondo lo que hacían sus subordinados, digo, pero creo, de veras, que eso no comporta una dolosa mala utilización de fondos públicos. Inhabilitación para ocupar cargos, por tanto, me parece lo procedente. Las ‘penas de telediario’ ya las ha cumplido, las está cumpliendo.

El debate, desde algunos sectores mediáticos y de la oposición, se está exacerbando. Pensar que el Gobierno pueda indultar al ex presidente del PSOE no implica ni militar en las filas socialistas ni un desprecio a las sentencias de un poder judicial que bastante pisoteado está siendo ya por una clase política empeñada en tirarse las togas, y el pasado, y el presente, de la institución, a la cabeza, cual munición política de grueso calibre. Hora es de cerrar brechas, de que pague quien verdaderamente abusó de su poder en provecho propio y de acabar con discusiones sobre el alcance del Estado de Derecho Estamos hablando de Derecho Procesal, y ahí se debería ceñir el debate. Aquí está mi firma. Por favor, no me lapiden.