Parecía que habíamos pasado la terrible y peor crisis de las últimas décadas, cuando un autócrata soberbio y ambicioso, un liberticida ha puesto a Occidente contra las cuerdas. Cuando las democracias del mundo encuentren armas efectivas para frenar la escalada rusa, Ucrania estará bajo la mano de Moscú y los ucranios habrán perdido no solo su libertad sino también la fe en quienes no les han ayudado. Y los ciudadanos de los países cercanos a Rusia, en la órbita de la antigua URSS, o fuera de ella, mirarán con miedo la amenaza soviética. Ya nada volverá a ser igual salvo que el bloqueo a Rusia en todos los órdenes --diplomático, político, económico, incluido el sistema Swift, deportivo, cultural, etc.-- haga que los ciudadanos y el poder económico ruso se vean obligados a poner punto final a la locura genocida de sus gobernantes.

Nada será igual para nadie. Que aquí, en nuestro territorio personajes siniestros como Otegi o Junqueras comparen el ataque de Putin a Ucrania con lo que España hace con Cataluña --también el presidente de la Generalitat Pere Aragonès ha ofendido otra vez más al rey de España-- debería bastar para que Pedro Sánchez rompiera con las formaciones que representan. No lo hará. Pero la crisis de Ucrania va a poner contra las cuerdas todo el plan de recuperación con los fondos de la Unión Europea. Como no tiene interlocutor en el Partido Popular, el presidente del Gobierno se ha marcado una rueda de conversaciones con los ex presidentes del Gobierno, se supone que para conocer su opinión sobre cómo debe enfocar España la respuesta a la gravísima crisis que vivimos. Eso si pensamos bien. Puede que el movimiento sea solo otra operación de marketing.

Al margen de la gravísima crisis política, embrión de una posible conflagración mundial setenta y cinco años después de la última, lo que se nos viene encima en España es una crisis económica profunda. El alza de las materias primas, los problemas de suministro y la necesidad de dedicar fondos a otras necesidades son amenazas que se suman a las elevadísimas cifras de la deuda y el déficit públicos, de las más elevadas de Europa, limitadas hasta ahora por los fondos europeos y por el alza de la recaudación fiscal. La recuperación del empleo previo a la pandemia es un hecho, pero solo porque el empleo público ha crecido forzado por la pandemia, porque el privado, que es el que crea riqueza, ha descendido un diez por ciento. La amenaza no es solo para las cuentas públicas, es para todos los ciudadanos.

Al margen de mantener una política firme contra Rusia en todos los órdenes, España necesita un pacto por la estabilidad que garantice la creación y el mantenimiento del empleo, sin nuevas cargas para las empresas, especialmente las pymes, para que puedan acabar de recuperarse, medidas para evitar subidas encubiertas de la fiscalidad, un freno a los exigencias de los nacionalismos, el control riguroso de los fondos europeos, la independencia de los reguladores y el final de las puertas giratorias, un pacto sobre el Consejo General del Poder Judicial que acabe con el bloqueo de la justicia y su sometimiento a los dos grandes partidos y acuerdos en otros grandes temas de Estado. Esto solo lo pueden hacer el PSOE y el PP. El problema es que ni está Casado ni ha llegado Feijóo. El Partido Popular debería buscar una fórmula para apoyar medidas responsables negociadas con el Gobierno. Es un asunto de Estado. En abril puede ser tarde.