La Junta de Castilla y León acordó ayer inadmitir desde el punto de vista jurídico el requerimiento de incompetencia formulado por el Gobierno central sobre las medidas anunciadas el pasado jueves para evitar abortos en esta comunidad.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que adoptó este acuerdo, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), defendió que fueron los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico los que informaron a favor de esta decisión, ante la “inexistencia del objeto sobre el que versa el requerimiento”, al entender que no hay modificación del protocolo que afecta a la Ley del Aborto.

Preguntado por las distintas argumentaciones jurídicas sobre la posibilidad real de que el Tribunal Constitucional TC) pueda pronunciarse sobre actuaciones de hecho, aunque no exista acuerdo oficial por parte de Gobiernos autonómicos, Carriedo indicó que los debates jurídicos se los deja “a los juristas”. No obstante, el portavoz trasladó los argumentos de los servicios jurídicos de la Junta, en el sentido de que “no se ha aprobado ninguna acción o norma” que afecte a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Titularidad de la competencia

“No hay un hecho impugnable”, detalló la Junta, que echó en falta que el Gobierno central especifique en su requerimiento “los preceptos de la disposición o puntos concretos de la resolución o acto viciados de incompetencia”.

Otro de los puntos que destacó la Junta es que, pese a tratarse de un requerimiento de incompetencia, el Gobierno no discute la titularidad de la competencia, sino su hipotético ejercicio por parte del Ejecutivo autonómico, por lo que defendió que esta inadmisión es la contestación oficial al requerimiento. 

Esto aboca el conflicto al TC, con argumentos dados con una “voluntad torticera y espuria”, según la Junta, que cree que el Gobierno únicamente busca una “controversia política” en un momento preelectoral como el actual. El portavoz pidió al Gobierno que “desista de seguir cualquier procedimiento”, ya que entiende que el asunto de las medidas antiaborto anunciadas por el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), está “aclarado” por la declaración institucional del presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP). 

No cambiarán los protocolos

Fernández Carriedo afirmó que “no se van a modificar los protocolos” de atención a las embarazadas y los de abortos. El comunicado de la Consejería de Sanidad “sigue vigente”. 

Ante la contradicción entre mantener los protocolos y el comunicado, Carriedo respondió que la Junta no buscaba modificar el protocolo de abortos, sino “mejorar” las prestaciones a las embarazadas.