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domingo | 21 julio | 2024
El Defensor del Pueblo recibió 35.603 quejas de la ciudadanía en 2023, un 13,2% más que en 2022, y su última memoria vuelve a denunciar la saturación de los servicios de atención al ciudadano de las administraciones públicas, sin citas suficientes y, en ocasiones, con años de espera para trámites vitales.
La mayoría de las quejas se centraron en problemas y retrasos en la administración de justicia, la Seguridad Social, interior, asilo, educación y sanidad.
Son miles las quejas gestionadas por la institución por los problemas para presentar una solicitud de asilo o refugio, conseguir cita en el registro civil o contar con atención personal para realizar gestiones tributarias o de empleo.
Como ejemplo, el Defensor tacha de “inaceptable” que haya más de 70.000 expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros pendientes, o que las quejas sobre los retrasos para la valoración del grado de discapacidad se triplicasen desde 2019.
El informe destaca también que las quejas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital fueron en aumento desde su puesta en marcha y recomienda cambios tanto organizativos como legislativos para garantizar que la prestación llega a todas las personas que la necesitan.
El número de quejas recibidas entre 2021 y 2023 por las listas de espera “se ha más que duplicado” en el sistema sanitario y el Defensor alerta de la “creciente tensión” en la atención especializada, un problema de todas las comunidades.
Destacan las quejas por los tiempos de espera, la insuficiencia de recursos en salud mental, la saturación de los servicios de Atención Primaria y de urgencias hospitalarias y las dificultades para acceder a tratamientos de última generación de alto coste.
Un apartado importante del informe está dedicado a Canarias, que acoge a más de 5.370 menores migrantes solos. El Defensor alerta de que el archipiélago no puede seguir asumiendo en solitario esa acogida y plantea suscribir convenios con ONG, fundaciones y entidades de protección de menores para atribuirles la tutela.
La solidaridad es “insuficiente” y hacen falta medidas legislativas, manifestó el defensor, Ángel Gabilondo, al presentar su informe en el Congreso.
La institución, que inició en 2022 una investigación sobre los casos abusos y agresiones sexuales a menores tutelados, lamenta que no fuesen objeto hasta ahora de un “tratamiento transparente, ordenado y sistemático” y denuncia la “disparidad” e “insuficiencia” de los datos que le enviaron las autonomías.
A pesar de la información “desigual”, extrae algunas conclusiones: en la mayor parte de los casos el menor residía en un centro y, en muchas ocasiones, los abusos se detectaron gracias a los educadores. La mayoría de las víctimas son niñas (81,4%) de entre 14 y 17 años.
En cuanto al ámbito educativo, aunque no se observó un aumento significativo en el número de quejas sobre violencia escolar, sí aumentó su gravedad y el Defensor pide revisar la eficacia de las medidas de prevención y la nueva figura del coordinador de bienestar. Además, vuelve a reclamar una oferta suficiente de plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil.
Una año más el Defensor destaca los centenares de quejas recibidas por dilaciones judiciales y alerta de retrasos “estructurales”.
En 2023 la institución recibió un elevado número de quejas por los retrasos al acceder el Bono Alquiler Joven, problemas registrados en Andalucía, Madrid, Galicia y Murcia.
Otras materias sobre las que la entidad llama la atención son: simplificar las reclamaciones energéticas, atención a los servicios ferroviarios de cercanías, facilitar la acreditación de víctima de violencia de género, preservar la memoria de las víctimas del terrorismo, atención cuidadosa a las mujeres y menores privados de libertad, y mantener el foco en las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.
