Los afectados por la DANA ya han recibido un total de 277 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos, anticipos de ayudas por daños y en indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, según las cifras proporcionadas ayer por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado de gestión de la emergencia (Cecopi).
Se trata de ayudas que “ya han sido pagadas a ciudadanos que han ido pidiendo las solicitudes”, dijo Bernabé, que recordó que “solo el primer día que se empezaba a pagar a pymes y autónomos esa indemnización a fondo perdido, ya el lunes, pagamos al 75% de todas las solicitudes”. La delegada recalcó que esas solicitudes se pueden seguir presentando y animó a seguir haciéndolo tanto en las oficinas de atención ciudadana como en la web de Infodana.
Bernabé apuntó que en esta reunión del Cecopi se pudo constatar que los avances en los trabajos de la recogida y de la extracción de lodos en los distintos municipios “están dando y empezando a dar sus frutos en esa coordinación tanto de las empresas como de los efectivos de la UME y bomberos”.
Por otra parte, señaló que el Gobierno asumió el encargo y la responsabilidad de peritar todos los edificios municipales de 41 municipios afectados de la zona de la DANA que firmaron un convenio de forma voluntaria para que sea el Ejecutivo central quien haga esas labores de peritación y puedan “cuanto antes poner en marcha la reconstrucción” de estos espacios.
No obstante, precisó que ese peritaje, si lo piden los municipios, también se podrá hacer en edificios privados “a petición de las localidades que nos lo puedan también remitir al Gobierno”. A su juicio, esto es “un gran avance, sobre todo, para aliviar a los municipios que tan sobrepasados se están viendo en estos días por las múltiples tareas que tienen que abordar desde distintos frentes”.
En este caso, quieren “ayudarles y hacerles esta labor de reconstrucción mucho más sencilla”. Según informó ayer el Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial, y con encargo a la empresa pública Tragsa, asumirá las actuaciones de peritación, valoración y cuantificación en alcance y contenido económico de los daños materiales, tanto en los bienes públicos como privados, de un total de 41 ayuntamientos afectados. El protocolo sigue “operativo” para aquellos consistorios que todavía no realizaron la petición pero que requieran este servicio.
De otro lado, señaló que, en los próximos días, más de 50.000 valencianos van a ver incrementado un quince por ciento el Ingreso Mínimo Vital y también en sus pensiones no contributivas y además un treinta por ciento más por el complemento a la infancia.
Según la delegada del Gobierno, estas son medidas “que tienen que ver con esa recuperación de infraestructuras de la provincia de Valencia por la que apuesta el Gobierno de España pero también y, sobre todo, esa reconstrucción social, económica y, también, por qué no decirlo emocional”, ya que “muchas personas necesitan saber que las instituciones están a su lado”, subrayó la delegada del Ejecutivo de Pedro Sánchez.