Un juzgado de Murcia ha abierto este martes diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio en tres discotecas de Murcia el pasado domingo, penados con entre 1 y 4 años de prisión, una causa en la que el Ayuntamiento ha solicitado ya personarse como acusación particular.

La Policía Nacional ha comenzado hoy a tomar declaración a los testigos y ha concluido el proceso de toma de muestras de ADN para la exacta identificación de los cadáveres.

Ya se han realizado las autopsias a las víctimas, que se cotejarán en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Madrid. Son seis las víctimas ya identificadas mediante huellas dactilares, aunque se hará la comprobación genética a todas, señalan fuentes de la investigación.

Mientras, la policía científica trabaja en los locales arrasados por el fuego apoyada por drones.
Los bomberos hallaron los 13 cadáveres en 20 metros cuadrados en la primera planta de Fonda Milagros, cuatro en los aseos donde presumiblemente trataron de refugiarse del fuego, siete en dos grupos en el pasillo del reservado y dos entre los escombros de la planta baja con indicios de haberse caído desde la superior.

Tras señalar que pudieron rescatar con vida a dos personas del interior, el portavoz de los bomberos ha añadido que la mayoría del público pudo salir por su pie de los locales, que podrían compartir máquinas de climatización, aunque desconoce si por los mismos conductos. 

Varios testigos han vuelto a afirmar hoy que las llamas se originaron en Teatre y pasaron a Fonda Milagros, donde empezó a entrar humo por la parte superior y al irse la luz se entró en pánico.

Controversia por el permiso de apertura

El Ayuntamiento de Murcia aseguró ayer que los locales carecían de licencia de apertura y que sobre ellos pesaba una la orden de cese de actividad de la discoteca Teatre, con fecha de enero de 2022. Ese documento ya ha sido aportado por el Consistorio a la causa judicial.

En el documento, al que ha tenido acceso EFE, se señala "la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, ordenando a la mercantil Teatre Murcia S.L, titular de la actividad destinada a discoteca con cocina en calle Isla Cristina nº6, que en el plazo de 15 días hábiles cese en el ejercicio de la misma".

En la orden también se aclara que "se dará traslado a los servicios de inspección para comprobar el cese de la actividad y, en caso de que no se hubiese producido un cese voluntario por parte del titular, se procederá por esta Administración a la ejecución forzosa del acto administrativo".

La orden de cese se produjo después de que Teatre S.L., que tenía licencia de apertura e inicio de funcionamiento de actividad desde el 18 de diciembre de 2008, presentase, en junio de 2019, una comunicación para dividir el local en dos, Teatre y la Fonda Milagros, ya que el ayuntamiento de Murcia entendía que la modificación del local requería una nueva licencia.

El 8 de marzo de 2022 se presentó un proyecto de legalización cuya tramitación "no ha concluido”.

Al hilo de estas informaciones, el abogado del propietario de la discoteca Teatre, José María Caballero, afirmaba esta mañana, en declaraciones a EFE, que se actuó siempre dentro de la legalidad y amparados por la licencia de actividad concedida en su día.

Así lo prueba, subraya, que en marzo de este mismo año los servicios sanitarios del Ayuntamiento realizaron una inspección tras la que declararon subsanadas unas deficiencias observadas un mes antes.

Para Caballero la empresa actuó siempre “de forma diligente” con las normas, tenía todos los papeles en regla y la partición del local era una “cuestión formal”.

El Consistorio ha señalado que la revisión se hizo a instancias del servicio de Urbanismo y es una más de las preceptivas para lograr permiso de apertura cuando el local no tiene actividad. Considera que no supone el reconocimiento de que esta exista, sino que tiene intención de tener actividad, y superarlo no implica la concesión de la licencia, puesto que hay otros informes requeridos, como el de extinción de incendios o el de instalaciones.

Por su parte, el letrado de Fonda Milagros, Francisco Javier Verdú, cree que el Ayuntamiento no se podrá personar como acusación particular porque podría tener que responder de responsabilidad patrimonial por inacción. 

En el ámbito político, Podemos ha registrado este martes la solicitud de creación de una Comisión Especial de Investigación en la Asamblea Regional sobre el incendio ya que, señala su portavos, María Marín, “debemos la verdad a los familiares y también a la sociedad para que una tragedia así no vuelva a repetirse”.
Filiación y condolencias

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha dado esta madrugada en medios oficiales los nombres y edades de 5 de sus compatriotras presuntamente fallecidos en Fonda Milagros, 4 de ellos de la misma familia, originaria del departamento de Chinandega: Martha Alejandra Zamora, de 62 años, y sus hijos Sergio Enrique Silva, de 39, y Erick Salomón Torres, de 30, junto a la esposa de este último, Ofilia del Carmen Blandón, de 27.

Ha mencionado además a la nicaragüense Tania Martínez, de 49, quien llevaba 17 en España, que "murió con su esposo de origen ecuatoriano", de donde también era Leidy Paola Correa, de 28, que envió un desgarrador mensaje a su madre anunciándole que iban a morir.

A falta de confirmación oficial, son algunas de las identidades de los fallecidos que han ido trascendiendo por boca de sus familiares y ahora del Gobierno nicaragüense, que ha expresado sus condolencias.
También lo ha hecho el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez: "Ningún padre o madre puede ni debe tener que pasar por una tragedia como esta".