El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y su vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), volvieron a contradecirse ayer sobre la obligatoriedad de las medidas antiaborto, al corregir expresamente el primero al segundo y garantizar que no serán obligatorias para los médicos, lo que sigue causando gran confusión.

A mediodía, representantes de los sanitarios de la comunidad confirmaron que no habían recibido notificación alguna sobre cambios en la manera de atender a las mujeres embarazadas, por lo que existe una sensación de incertidumbre al respecto.

Pese a que ninguno de los dos dirigentes de la Junta tenía previsto atender a la prensa ayer, finalmente el gabinete de la Vicepresidencia anunció que comparecería. García-Gallardo insistía entonces en que, como todos los protocolos, éste sería de obligado cumplimiento para los médicos, mientras que Mañueco convocó una declaración institucional para negar ese extremo.

En el primer caso, García-Gallardo subrayó que “los protocolos son de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la Sanidad”. “Me remito a la nota de prensa de la Consejería de Sanidad del jueves, que es clarísima y cristalina”, subrayó el vicepresidente sobre el departamento sanitario dirigido por el PP, a lo que añadió que “todos los intentos de confundir en este tema deben caer en saco roto”.

“Si no es de obligado cumplimiento, no sirven para nada”, recalcó García-Gallardo, quien negó que se sintiese desautorizado por el presidente de la Junta, cuando aseguró el sábado que en ningún caso los médicos estarían obligados a ofrecer a las mujeres embarazadas la posibilidad de escuchar el latido fetal o realizar una ecografía 4D. Para García-Gallardo, “el matiz está claro”, en el sentido de que no va a ser obligatorio que las mujeres tengan que escuchar el latido o ver la ecografía 4D, sino que lo que sí será obligatorio para los médicos será “ofrecer la posibilidad”.

Correcciones de Mañueco

No lo ve igual el presidente de la Junta, quien reiteró que las medidas sanitarias para prevenir abortos en la comunidad no serán obligatorias para los médicos. “No se obligará a los médicos a nada ni a las mujeres a nada”, resumió Mañueco.

El presidente de Castilla y León subrayó que tiene “muy claro” que “alterar el orden” existente en materia de atención a los embarazos y variar el criterio clínico de los médicos sobre practicar o no determinadas pruebas “puede derivar en coacciones directas e indirectas” hacia las mujeres que quieren abortar, ante lo que ha remarcado que su Gobierno “ni las va a promover ni amparar (las coacciones)". 

Respuesta formal

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, manifestó que el Ejecutivo central sigue a la espera de una respuesta formal por parte del Gobierno de Castilla y León al requerimiento que envió este domingo a la Consejería de Sanidad de esta comunidad sobre su protocolo de aborto, paso previo, advirtió, a emprender acciones judiciales por la vía contencioso-administrativa. 

Rodríguez expresó su deseo de que el Gobierno de Castilla y León cumpla con su obligación y dé respuesta al requerimiento. 

A su juicio, de las manifestaciones de ayer del presidente Mañueco, lo único que quedó claro es que propone “medidas distintas” a las de Vox, sin atender al escrito oficial del Gobierno de España.