El Ministerio de Sanidad llevará al Consejo Interterritorial del 5 de abril el protocolo con el que se gestionará los registros de objetores de conciencia, que garantizará un acceso equitativo para que las mujeres elijan dónde interrumpir su embarazo y que los abortos terapéuticos se hagan en centros de referencia. 

Así lo anunció la ministra de Sanidad, Mónica García, en el ‘Conversatorio #DiagnósticoFeminista: Por una sanidad sin sesgos de género’, en el que volvió a insistir en que su departamento trabajará para blindar el derecho al aborto en la Constitución como hizo Francia.

“Vamos a pelear también porque aquí en España esté dentro de nuestra Constitución el derecho a tener una interrupción voluntaria del embarazo”, recalcó García.

Mientras tanto, la ministra recordó que aún sigue pendiente culminar el registro de objetores de conciencia que contemplaba la última reforma de la ley del aborto; en este sentido, avanzó  que Sanidad llevará “próximamente” el protocolo que lo gestionará al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que, según fuentes de su departamento, se celebrará el 5 de abril.

Registro de objetores

Dicho protocolo orientará a las comunidades sobre cómo elaborar el registro de los profesionales objetores de conciencia y planificar la atención y pivotará sobre tres aspectos, el primero, el criterio de acceso y de proximidad y tratamiento equitativo en las diferentes regiones.

Para ello, se va a promover la cooperación entre comunidades limítrofes para que se coordinen, de forma que las mujeres “puedan elegir dónde pueden ir a hacer esa interrupción voluntaria del embarazo”.

El protocolo asegurará además que “el método abortivo se ciña a criterios clínicos”. “Estamos viendo que hay mucho sesgo entre el método abortivo farmacológico y el quirúrgico, en función de la variabilidad de la práctica clínica. Queremos que esto tenga unos criterios clínicos muy definidos”, resaltó.

Por último, garantizará que los abortos terapéuticos o por causas médicas se realicen con garantías en los centros de referencia: “Hemos visto casos terribles incluso de médicas que trabajando en un hospital las derivaron a un a un centro privado”, denunció.

Los últimos datos disponibles indican que el 84% de los 90.189 abortos practicados en España en 2021 se realizaron en centros privados, pese a que el 71% de las informaciones se solicitaron en centros públicos.

Cataluña, Baleares y Cantabria son las comunidades donde más abortos asume la sanidad pública (52,5%, 61,8% y 67,3%, respectivamente). En el punto contrario están Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, donde el porcentaje de abortos en la pública está entre el 0 y el 0,5%.

Además, casi el 5% de las mujeres que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en España residían en provincias que ese mismo año no notificaron ni un solo aborto. 

Con todo, Sanidad aspira a “apuntalar” que el derecho a la salud sexual y reproductiva no se ni “de segunda ni un negocio privado”, sino “un derecho universal de todas las mujeres”.