La reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición, una ley para endurecer las penas de trata en casos de conflicto bélico o catástrofe natural y otra sobre la eficiencia del Servicio Público de Justicia, serían las vías más rápidas para retocar la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como ley del solo sí es sí, un cambio que, si bien no resolvería los casos de revisión de penas a violadores de forma retroactiva, sí evitaría que se impusiesen penas más bajas a los futuros delincuentes sexuales.

Tras las declaraciones que ayer realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que se abría a realizar “ajustes técnicos” a la ley, una vez se pronunciase el Tribunal Supremo sobre el tema, se abren diferentes escenarios para la reforma.

Reforma antes de fin de año

Estos ‘ajustes’ solo se pueden realizar a través de otra ley orgánica que se esté tramitando en el Congreso o en el Senado y, preferiblemente, que se encuentre en el período de presentación de enmiendas. Si este período hubiera terminado, al Ejecutivo le quedaría la fase de ponencia, el órgano en el que grupos parlamentarios debaten y acuerdan las enmiendas, en donde se podría consensuar un texto transaccional para su votación en comisión y Pleno.

Las iniciativas que mejor se sitúan serían la reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso, y que contiene la derogación del delito de sedición. Esta iniciativa tiene abierto su plazo de enmiendas hasta el viernes, y estaría aprobada, tras su paso por el Congreso (20 de diciembre) y el Senado (27 de diciembre), antes de que acabe el año. La ley de solo sí es sí también se podría reformar antes de que acabe 2022 a través una proposición de ley del PSOE que reforma el Código Penal para agravar las penas de trata cuando las víctimas sean desplazados por conflictos bélicos o catástrofes naturales.

Esta iniciativa pasa la semana que viene por el Pleno del Senado. En este caso, habría que recurrir a la opción de una enmienda transaccional, según señalaron fuentes parlamentarias, y su posible inclusión obligaría a su regreso al Congreso. Pero también entraría dentro de las sesiones previstas para diciembre.

Lo mismo ocurre con la ley orgánica para la eficiencia del Servicio Público de Justicia. En este caso, finalizó el plazo de enmiendas y el Congreso tiene prevista la ponencia para el 13 de diciembre, por lo que se podría recurrir a una transaccional. El texto pasaría su primer examen en la Comisión de Justicia, que podría convocarse incluso en la misma semana que la ponencia, y después seguir el mismo calendario que la reforma para derogar la sedición.

En ambos casos, contando con que en el Senado no se hagan modificaciones de la ley que la obliguen a regresar al Congreso para una ratificación. 

Sin propuestas sobre la mesa

Fuentes gubernamentales recordaron que la propuesta de Sánchez a reformar el ley depende de que se haga pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el tema. De ahí que, según explicaron, no se haya puesto sobre la mesa ninguna posibilidad. 

Lo mismo señalaron desde Unidas Podemos sobre la falta de propuestas a pesar de que, según apuntan, ya hubo voces llamando a modificarla. 

Fuentes del grupo confederal explicaron que se respalda la propuesta del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, miembro del Gobierno cuando se aprobó la norma en el Consejo de Ministros.