La económica es un tipo de violencia machista “especialmente cruel” porque a menudo es “fruto de una planificación esmerada” del agresor, quien la ejerce “con una clara intencionalidad de daño prolongado”, una conducta que algunas expertas consideran próxima al “sadismo”.  

Esta es una de las conclusiones del estudio ‘La violencia económica contra las mujeres en sus relaciones de pareja o expareja’, realizado por el Ministerio de Igualdad a través de 50 entrevistas a víctimas y supervivientes, dos grupos focales con personas expertas y revisión documental. 

El informe, presentado ayer, señala este tipo de violencia machista –que incluye acciones como el control económico, el sabotaje laboral y la explotación económica– como “el más duradero en el tiempo” porque “va más allá de la separación de la víctima con el maltratador”. Sufrirla implica un empobrecimiento que “con frecuencia supone endeudamientos para toda la vida”.

 Además, sus efectos van más allá del empobrecimiento de las víctimas y sus descendientes, pues generan perjuicios en la salud de quienes la sufren y se extienden a familiares y amigos que tienen que ayudar económicamente a la víctima o incluso son estafados por el maltratador. 

La violencia económica contra las mujeres es una de las formas de agresiones machistas más extendida y, sin embargo, permanece “invisibilizada”, tiene un marco legislativo “confuso” y carece de una respuesta eficaz a nivel institucional y judicial. En España no está tipificada como un delito, aunque la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas (2022-2025) sí la incluye, y el marco normativo autonómico empieza a recoger ya referencias a ellas en su legislación sobre violencia de género. A nivel estatal, los datos oficiales son los de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2019), donde la económica es la tercera forma más frecuente de violencia de género.

Ejemplos y medidas

La expresión más común de esta violencia es la prohibición de decidir sobre la economía familiar, pero hay otras manifestaciones: como el agresor que obliga a la víctima a pedirle dinero porque ella no tiene acceso, controla sus gastos o usa el dinero como castigo tras una discusión. Que él controle las propiedades, cuentas o negocios familiares sin contar con ella, que no le permita tener cuenta o tarjeta, le niegue dinero o la prive de encender la luz o usar el coche a pesar de tener ingresos también es violencia económica. 
En el marco del sabotaje laboral, que el agresor impida que ella vaya a trabajar o que duerma lo suficiente o le imponga la responsabilidad del cuidado de los hijos comunes son otras de las conductas observadas por el estudio.

La explotación económica incluye acciones como que él gaste en cosas para su capricho el dinero necesario para los gastos fijos de la convivencia, que asume, sola, la víctima.

El estudio propone mejoras, como reconocer formalmente la violencia económica como violencia en el ámbito de la pareja o la expareja para que las víctimas accedan a los mecanismos de protección. También formación para los operadores jurídicos, de seguridad, de servicios sociales y del ámbito privado y bancario, con el fin de mejorar la detección y la atención a las víctimas.