La Consellería de Medio Ambiente e Infraestruturas ya ha trasladado a Repsol las cuatro alegaciones recibidas contra el proceso de renovación de su permiso ambiental. Según informan desde la Xunta, tras finalizar el plazo de presentación de quejas la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación –el departamento que debe otorgar la autorización– se las ha enviado a la compañía petrolera porque tiene derecho a responder a las mismas como crea conveniente.

Desde el Gobierno autonómico no concretan el plazo del que dispone la empresa para analizar esta documentación y responder a las críticas presentadas por un particular y por los vecinos de Nostián, aunque se espera que acelere el trámite al máximo ya que su licencia actual caduca en el mes de junio.

Además de estas dos alegaciones, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria también presentaron sendos informes en contra de la renovación del permiso de actividad de Repsol. El objetivo de las dos administraciones es obligar a la compañía a que se traslade o, al menos, a que inicie los tramites para moverse a punta Langosteira y dejar así los muelles interiores de A Coruña, uno de los objetivos por los que se creó la nueva dársena. Por ello, en su documentación las dos instituciones locales proponen a la Xunta que no renueve la autorización ambiental hasta que la firma solicite una concesión en el Puerto Exterior.

Con este paso, ambos organismos públicos trataron de mostrar un frente común en este asunto en el que podrían contar con la ayuda de la Xunta. Según el presidente del Puerto, Enrique Losada, las quejas fueron bien recibidas por la consellería y podría incorporarlas a su resolución, lo que obligaría a Repsol a iniciar los trámites del traslado para poder mantener su actividad tanto en la refinería como en las instalaciones de la ciudad, incluyendo el poliducto que la atraviesa.

compromiso

El mejor argumento de Repsol en este proceso es que su concesión en el muelle de San Diego no finaliza hasta 2027, así que, en caso de rescatar la misma, la Autoridad Portuaria le tendría que indemnizar, y es aquí donde se producen los desencuentros entre ambas partes.

En cambio, el Puerto ha recuperado otra documentación distinta para forzar la mudanza de Repsol. Según la Autoridad Portuaria, el traslado era una condición para ampliar la ocupación de suelo público en los muelles urbanos que se aprobó en 2001. En concreto, el consejo de administración de julio de ese año aprobó esta ampliación bajo la condición de que “si la Autoridad Portuaria construyera una nueva dársena destinada al movimiento de graneles, la empresa debería tramitar una concesión para su traslado a esta futura terminal”.