El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ciudad Real ha ordenado el sobreseimiento y archivo de las diligencias abiertas contra varios responsables y docentes de un instituto de Ciudad Real tras el suicidio de una adolescente por un posible caso de acoso escolar.

El juez cierra así la investigación abierta, a raíz de la denuncia del padre de la estudiante ecuatoriana de 15 años de edad que se quitó la vida en noviembre de 2012, contra el jefe de estudios, el orientador y el tutor de la menor en el IES San Juan de Ávila de Ciudad Real.

En un auto dado a conocer hoy, el juzgado da cuenta del fruto de su investigación sobre la situación vivida por la menor desde el curso 2010-11, cuando empezó a estudiar en el IES San Juan de Ávila, al que se desplazaba diariamente desde su casa en la vecina localidad de Torralba de Calatrava.

El juez determina que, de haberse producido un caso de acoso escolar, entendido como ataques reiterados contra la integridad física o moral de la chica, "no existe ningún indicio" de que fuera conocido por los responsables educativos del centro denunciados y ni siquiera había datos por los que habrían debido sospechar.

En este sentido, sostiene que el absentismo escolar y el bajo resultado académico no pueden ser tomados como indicios de acoso escolar, dado que esas circunstancias concurren en aproximadamente un 30 % del alumnado del centro educativo.

El juez expone en el auto que, en los dos primeros cursos, la menor se quejó en una ocasión de insultos y en otra de problemas en el autobús escolar, pero tras las pertinentes reuniones con los tutores y la monitora del autobús, los padres no volvieron a plantear problemas en ese sentido.

En el curso 2011-2012, tanto la niña como su hermano expresaron su voluntad de dejar los estudios, algo que los Servicios Sociales de Torralba de Calatrava, consultados por la familia, achacaron a problemas de desarraigo y de falta de adaptación, pero sin que detectaran "indicio alguno" de acoso escolar.

El juez añade que las amigas no presenciaron ningún incidente en el que se viera envuelta y una de ellas achacó los problemas en el transporte a que, por timidez, no le gustaba ir en los asientos delanteros.

Según el auto, en esos dos primeros cursos no se dieron más problemas, pero sí "faltas injustificadas de asistencia al centro así como un bajo rendimiento escolar".

La menor empezó el curso 2012-2013 con continuas faltas, por lo que el tutor citó al padre el 17 de octubre, sin que en esa reunión se pusiera de manifiesto ningún problema.

De acuerdo con la versión de la madre, su hija le argumentó que sentía aburrimiento en algunas clases, pero no refirió ningún problema en el aula, aunque sí en el transporte.

En otra reunión el 7 de noviembre convocada ante la insistencia en las faltas injustificadas, la menor comunicó por primera vez su interés en cambiar de centro para ir al mismo al que iban sus primos.

El juez expone que la menor, según todos los presentes en la reunión, no mencionó ningún problema grave que justificara esa petición y citó un problema aislado del año anterior en los aseos y problemas sin especificar en el autobús.

El jefe de estudios remitió a la menor al orientador, a quien relató que algunos alumnos se metían con ella y la culpaban si olía mal en el aula y que tenía problemas en el autobús escolar porque no la dejaban sentarse en determinados asientos.

El orientador decidió seguir tratando con ella esta cuestión, pero dos días después se produjo el intento de suicidio y tres días más tarde el fallecimiento de la menor.