El PP se presentará en el pleno de esta tarde, a partir de las 20.00 horas, con una moción bajo el brazo. No será precisamente una moción para hacer amigos, ya que en ella se incluyen graves acusaciones al resto de partidos de la corporación.
Aunque apunte en primer lugar al alcalde, Benito Portela, y a su partido, Sadamaioría, acaba arrastrando a los otros dos partidos del Ejecutivo local –PSOE y BNG– y al PDSP, formación liderada por Ramón Rodríguez Ares y que hasta la fecha ha facilitado con sus votos que todas las propuestas municipales salieran adelante. A todos ellos, el portavoz popular, Ernesto Anido, acusará en la sesión plenaria de “connivencia” con ciertas ilegalidades urbanísticas.
El exregidor entregó ayer por registro una moción en la que se insta al alcalde a iniciar el procedimiento sancionador “para depurar responsabilidades personales, en la declaración de nulidad de la licencia urbanística nº 85/2005, tal y como señala el artículo 219 de la LOUG”, señalan en la iniciativa.
Se trata de una sentencia de 2009 en la que un juzgado coruñés –ratificada al año siguiente por el Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)– declara “la nulidad del acuerdo de Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Sada adoptada en la reunión celebrada el 4 de marzo de 2005 por el que se otorga licencia urbanística (...) para la construcción de diez viviendas unifamiliares –en Pazos– y en consecuencia la nulidad de la licencia concedida por no ajustarse a derecho condenando a cumplir la presente declaración”.

decretos
El PP se queja de que, tras los decretos de Alcaldía firmados este mismo año por el actual alcalde, Benito Portela, en los que se acordaba incoar un “expediente de reposición de legalidad urbanística, tendente a la demolición de las diez viviendas unifamiliares ejecutadas al amparo de la licencia municipal anulada” y, por otra parte, otro donde se ordenaba “continuar las actuaciones del expediente de reposición de la legalidad urbanística”, no consta hasta la fecha que se haya iniciado ningún expediente sancionador “al efecto de depurar las posibles responsabilidades de las personas que hayan intervenido en el otorgamiento de la licencia anulada”, que fue concedida en 2005, con Rodríguez Ares al frente del Gobierno local. Eso sí, los populares no explican por qué, durante cuatro años en la Alcaldía, no hicieron lo mismo que reclaman ahora al Ejecutivo.
Sea como fuere, el PP ve “connivencia entre Sadamaioría y los otros tres partidos en los que se apoya su Gobierno para ocultar las responsabilidades urbanísticas” que, a su juicio, “perjudican a los adquirentes de buena fe y al Ayuntamiento”.
Para los populares “se ha producido un fraude legal al tramitar únicamente las responsabilidades patrimoniales y evitar el proceso sancionador que señala la Ley  de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio Rural de Galicia”, ya que a su entender se han “ocultado” las responsabilidades en las que incurrieron “por dolo, culpa o negligencia graves las autoridades y personal a su servicio”.