Parecía haber llegado un tiempo de tranquilidad. Después de meses de arduas negociaciones los Gobiernos de la Unión Europea habían alcanzado un acuerdo para echar a andar el presupuesto plurianual comunitario 2021-2027 (1,2 billones de euros) y, con él, el gigantesco fondo de rescate (750.000 millones) con el que se pretende reavivar el crecimiento económico tras la crisis de la covid.

En Moncloa bien sabían que estos dineros (nos corresponderían 140.000 millones) eran clave para su estrategia presupuestaria, puesto que le habrían de permitir financiar aquí cuantiosas partidas de gasto. Por eso Pedro Sánchez no sólo no puso ningún impedimento a la tramitación del programa, sino que incluso pidió que España pudiera recibir un adelanto y empezar a manejar tales recursos en los últimos meses del año en curso.  

Pero en Polonia y Hungría tenían otros planes. En realidad ya lo habían advertido e incluso adelantado. Sus reticencias se vieron en la cumbre de julio, tomaron cuerpo la semana pasada con cartas de los respectivos Gobiernos a las instituciones europeas y a la canciller alemana, Angela Merkel, en su calidad de presidente en este semestre del Consejo de la UE, y lo hicieron explícito en la reunión de embajadores del lunes.

No es que no necesiten los dineros. Con lo que están en contra Varsovia y Budapest es con el llamado “mecanismo de Estado de Derecho”, un resorte comunitario nuevo que vinculará los fondos europeos al respeto del mismo en los distintos territorios. Polacos y húngaros temen que la futura condicionalidad pueda interferir en asuntos de política interna que, a su juicio, deben decidirse en el marco de la soberanía nacional. Y han decidido hacerse valer con el bloqueo del presupuesto comunitario y con él, como decimos, las enormes ayudas en perspectiva. La falta de la unanimidad requerida al respecto se lo ha hecho posible.

Quedaba por jugar la carta de la reunión telemática que el jueves habrían de celebrar los jefes de Gobierno. Pero falló también. La oposición de los países citados, a la que se había sumado Eslovenia, siguió intacta y el plan para impulsar la economía conoció un nuevo retraso. 

En realidad, ni se intentó. No había ambiente para lograr el acuerdo y el formato no presencial no pareció el más adecuado para discutir un tema tan complejo. Se limitaron, pues, a en dieciséis  minutos constatar desavenencias. Lo intentarán de nuevo en mejor ocasión y de otra manera.

Aunque se mantienen las esperanzas, al Gobierno Sánchez/Iglesias –y al país entero- se le puede haber caído de repente el castillo de naipes de los eurofondos, si bien es cierto que, según ha adelantado la vicepresidente Calviño, en caso de que el bloqueo se mantuviera y prolongara, España acudiría por su cuenta a la deuda. 

¿Más endeudamiento, sobre el que, por excesivo, acaba de advertir Bruselas? Ya andamos en niveles de récord: 114 por ciento del PIB.