Hasta que la presión mediática, política e institucional, como el Defensor del Pueblo, no puso en terrible evidencia el drama sanitario y, sobre todo, humanitario que se vivía en el campamento instalado en el muelle grancanario de Arguineguín, el Gobierno apenas movió ficha. Allí llegaron a estar hacinados durante varios días hasta 2.500 inmigrantes rescatados de pateras y cayucos, pensado como estaba para 400. 

Luego, puesto a moverse, desalojó en muy pocos días la precaria ubicación y trasladó a los acogidos a dependencias varias del Ministerio de Defensa, un departamento que tampoco había estado muy diligente en la debida colaboración. Lo cual demuestra que el problema no era tan inmanejable como para haberlo dejado llegar a tan crítico trance. Así las cosas y después de haber culpabilizado al PP, vía ministro Marlaska, de inactividad al respecto durante los años de Mariano Rajoy en Moncloa, ha terminado por quejarse ante Bruselas. 

Como se recordará, la Comisión aprobó a mediados de septiembre último un nuevo Pacto europeo de migración y asilo, que vendrá a sustituir al de 2008. Pues bien, en un contexto de diferencias entre los Estados miembros en torno a la acogida de peticionarios de asilo y de inmigrantes económicos irregulares, la propuesta comunitaria intenta ofrecer un marco estable y sólido para la gestión común de los principales desafíos migratorios que aborda el conjunto del territorio europeo.

Desde la perspectiva de los intereses y las preferencias españolas, sería importante avanzar hacia una mayor solidaridad con los países situados, como el nuestro, en la primera línea de acogida, mejorar los cauces de inmigración legal y reforzar financieramente la política exterior hacia los Estados de origen y de tránsito, especialmente en la África del norte y subsahariana. 

Pero el plan no convence en Madrid ni en otras capitales de países ribereños del Mediterráneo y de la fachada atlántica africana, hasta el punto que cuatro presidentes de la zona (España, Italia, Malta y Grecia) han dirigido a Angela Merkel, en su condición de presidente rotatorio de la UE, una carta en la que consideran el pacto migratorio como insuficiente para garantizar una responsabilidad compartida en la gestión de la migración irregular. 

La misiva fue hecha pública en el marco de la cumbre hispano-italiana celebrada hace unos días en Palma. El cuarteto presidencial advierte de que, tal como está redactada, la propuesta comunitaria llevaría al asentamiento de grandes centros de detención de migrantes y solicitantes de asilo en los puntos fronterizos. Y esa eventualidad –avisan- “es inaceptable”. El sistema del reparto de inmigrantes con cuotas obligatorias por países no ha funcionado. La señora Merkel se ha puesto con diligencia a conciliar voluntades.

Pero la maquinaria comunitaria es lenta y compleja. El elocuente y triste recuerdo de lo ya visto y vivido en Lesbos (Grecia), Lampedusa (Italia) y ahora en Canarias está muy cerca en el tiempo y en el espacio.