Hay momentos políticos en que las palabras solas y los discursos  por muy bien construidos que estén no son suficientes. Hay ocasiones en que deberían ir acompañados de algún gesto contundente que ante el ciudadano de a pie resalte la gravedad del momento que se vive.

Así, cuando Pedro Sánchez se marcha sin necesidad del Congreso –debate del estado de alarma-, toda la oposición debería haber hecho lo propio en señal de sonora protesta. O cuando después de numerosas peticiones en tal sentido, la ministro de Hacienda, María Jesús Montero, se aferra a un innecesario permiso de la Unión Europea recién llegado para rebajar el IVA de las mascarillas, la oposición debería haber prorrumpido en un ruidoso abucheo. Tampoco hubiera estado mal llevar todas las mentiras esparcidas ante esa especie de tribunal de la verdad que el Gobierno maneja desde Moncloa. Y es que, como digo, a veces las palabras no bastan.

Como bien se ha escrito estos días, Pedro Sánchez y con él los ministros socialistas del Gobierno vienen claudicando y asumiendo como propias las aspiraciones rupturistas de Pablo Iglesias.  En un ejemplo de asalto al poder sin precedentes, una formación radical con 35 escaños está marcando el paso e imponiendo a todos los españoles un programa que pretende acabar con el ordenamiento constitucional vigente, diluir la soberanía nacional en una suerte de idea plurinacional y alejar a España de las políticas liberales que definen el proyecto europeo para acercarla a las fórmulas populistas que rigen en países como Venezuela y Bolivia. El presidente del Gobierno calla. Y el que calla, bien se sabe que otorga.

El último paso, anunciado por el vicepresidente Iglesias,  ha consistido en  estabilizar la alianza con ERC y Bildu como un bloque nada menos que de “dirección de Estado”. Entre otros efectos, blanquea así al partido heredero de ETA,  que nunca ha condenado el pasado  de la organización terrorista.

Y en eso no engañan: “Vamos a Madrid –han confesado desde el País Vasco- a tumbar definitivamente el régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos”. Es el alto precio que el Gobierno ha pagado por asegurarse el apoyo de Otegi a los presupuestos  y, a  medio plazo, por consolidar una mayoría estable para el resto de legislatura.

Mientras tanto y en pleno cortejo, el ministro Marlaska ha seguido acercando etarras a cárceles próximas a aquellas tierras. Alrededor de un centenar de ellos lo han sido en este año de mandato socialista y casi una veintena más han sido trasladados a prisiones de la comunidad autónoma.

Rechazadas con comodidad las enmiendas a la totalidad, los presupuestos que dentro de un par de meses resulten aprobados  serán legales y legítimos. Pero retratarán al Partido Socialista más silente y sumiso en décadas, al tiempo que han de vincular la legislatura y el destino de todos  a la siniestra sonrisa de Otegi.