Cuando tanto se habla de la necesidad de un nuevo marco territorial en nuestra Constitución, nadie se atreve a reconocer que se trata de una misión tremendamente difícil. por no decir, imposible.
Como dice el catedrático Vallespín Pérez, esa pretensión tendría que ser “para la consecución, fruto del diálogo, del máximo consenso posible”. Y eso exige, como explica dicho autor, un principio de “empatía interterritorial”, es decir, “no sólo defender lo que se entienda como justo para una Comunidad Autónoma, sino también comprender y, en su caso, aceptar lo que pueda serlo para las otras”.
Sin esa cooperación de las partes respecto del todo, el intento nacería condenado al fracaso y, en todo caso, generaría “una nueva frustración o conflicto”.
El anterior razonamiento está basado en la evidencia de que no se puede organizar el todo si no se coordinan las distintas partes que lo integran, pues un organismo no funciona de manera completa si falla alguno de sus miembros.
El tema exige, sobre todo, que las partes tengan conciencia de “Estado” y que las Comunidades Autónomas reconozcan que no son independientes sino miembros y parte del Estado, dotadas de autogobierno; pero cuyas funciones y atribuciones reciben su legitimidad de la propia Constitución que las reconoce.
Ya en su día, Felipe González, comprobando el distinto trato que recibían los ciudadanos, según la Comunidad a la que pertenecían, dijo claramente, que una cosa era descentralizar y otra centrifugar y, recientemente, Juan Pablo Fusi, reconociendo que las autonomías estaban dotadas de amplísima capacidad de autogobierno, afirmaba que “el problema nacionalista no era ya un problema estructural derivado del centralismo del Estado o de la vigencia excluyente del nacionalismo español. En todo caso, era al revés, se derivaba de la debilidad del poder central en beneficio del poder de las Comunidades Autónomas”.
Cuanto más débil es el poder central, mayores son y de mayor intensidad las reivindicaciones y exigencias de las Comunidades Autónomas, pues, como reza un viejo refrán, “del árbol caído, todos hacen leña”. Mientras en todo el territorio español, las personas no sean libres e iguales en derechos y obligaciones y los titulares de los derechos sean los territorios en donde viven y no las personas que los habitan, será difícil alcanzar un proyecto de vida en común, que es la característica esencial de todo Estado, pues, en caso contrario, se trataría de una pura entelequia.
En definitiva, es necesario que, a nivel nacional, exista una normativa básica interterritorial en materia fiscal, laboral, educativa, comercial y de seguridad y servicios sociales, pues un Estado podrá ser lo más descentralizado posible y dotar de autonomía en materia de servicios a las Comunidades Autónomas; pero no puede nunca dejar de ser el eje y la cúspide, como titular único y exclusivo de la soberanía nacional.