Después de millares de desahucios de familias, de sus viviendas habituales, por impagos de hipotecas o alquileres, la mayoría de ellos sin alternativas habitacionales, en España seguimos pendientes de poder contar con una Ley de Vivienda que desarrolle el artículo 47 de la Constitución, que señala: ”todos los españoles tienen el Derecho a una vivienda digna y adecuada…”.

A lo largo de todas estas décadas de período democrático, no se ha llegado a garantizar el Derecho a la Vivienda como algo universal por falta de voluntad política, como sí en cambio se hizo con la sanidad o la educación. La propia la Constitución española señala, en su artículo Primero, que: “España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho…”. A pesar de todo, la Vivienda, sigue quedándose en papel mojado, y más que un derecho básico se ha convertido en un bien especulativo.

Mientras tanto muchas familias humildes malviviendo en infraviviendas o en chabolas. Otras teniendo que acudir a ongs para poder pagar el alquiler, ante sus situaciones de desempleo o los irrisorios salarios que perciben por el trabajo que desarrollan. Depresiones, enfermedades crónicas e intentos de suicidio son algunas consecuencias de la falta de regulación del Derecho a la Vivienda.

El mercado inmobiliario es libre y continúa siendo un negocio, concentrado en manos de unos grandes propietarios que imponen sus precios y sus propias reglas al resto de los ciudadanos. Por otra parte las familias vulnerables, que se ven desprotegidas por las diferentes Administraciones Públicas, que es a quién le corresponde intervenir y adoptar las medidas necesarias y que son sobradamente conocidas. Sólo es cuestión de voluntad política y ojalá, en esta ocasión, sea una pronta realidad.