La perversión de la ley contra las fuerzas de Seguridad del Estado que están perpetrando, a impulsos de la extrema izquierda y del PSOE, con el ministro Marlaska como mascarón de proa, no es que les deje a ellos indefensos y desamparados. Es que, al hacerlo, a quienes dejan en la indefensión y el desamparo es a nosotros, a la ciudadanía. Pues ellos, en los sistemas democráticos, son quienes al ser depositarios del ejercicio de la fuerza al que los ciudadanos renuncian, suponen el valladar y la defensa contra quienes se saltan las leyes y agreden nuestros derechos y libertades. El contrato social, la base en que nuestro Estado de Derecho y de todo el mundo democrático se sustenta, es que cada uno de nosotros, el conjunto de los ciudadanos renunciamos al ejercicio personal de la fuerza, eso sería la ley de la jungla, y lo entregamos a un Estado para que este a través de las leyes, ojo a esto, ¡sujeto y dependiente de la ley!, las haga cumplir y en ese ejercicio de hacerlo pueda utilizar la fuerza en ellos delegada. La policía en un sistema democrático no es una mesnada represiva al servicio de un poderoso sino nuestra defensa y nuestra fuerza, la del pueblo soberano y ciudadano, contra quienes nos agreden en derechos y libertades.
Es esencial comprender esto, aunque vivamos en la indigencia mental de la consigna, el tuit y el pareado pancartero como máxima expresión filosófica y cuerpo de doctrina. Una indigencia de tal modo publicitada y martilleada que se utiliza para tergiversar, blanquear, enfangar y, en suma, mentir. Así se bautiza una ley como “mordaza”, se jalea, repite un millón de veces por la prensa papagayo y queda impresa como “verdad” y colgado el sambenito a algo que en absoluto lo es, ya me contarán cuál ha sido la “mordaza” en libertades y derecho de manifestación ¿o nadie recuerda ya la Barcelona en llamas noche tras noche?”. Pues bien ahora, con el mantra de abolir la ley mordaza lo que se pretende es poner a nuestras Fuerzas de Seguridad del Estado a los pies de los delincuentes para que les pateen a su gusto y, además, ni puedan siquiera documentar sus patadas.
Pretender hacernos ver que nuestra policía --esa es la verdadera y podrida almendra que subyace en el proyecto-- es una fuerza opresiva, represiva y sin control, es la intención oculta y el propósito no declarado pero patente y evidente en todo su articulado. Es además de una absoluta y profunda injusticia contra unas fuerzas de seguridad, --guardia civil, policía estatal, autonómica y local-- que son ejemplo exactamente de lo contrario. Su comportamiento desde el alumbramiento de la democracia y de manera creciente es, por lo general, impecable. Y cuando se producen excesos son de inmediato, reprendidos y castigados. La percepción popular de las gentes de a pie no es en absoluto esa, sino la contraria. Son estimados, aplaudidos y queridos por su pueblo y en sus pueblos. Pero ni esa opinión, ni esa percepción son tenidas en cuenta, ni que sean las instituciones mas valoradas entre los españoles. Lo que esta ley pretende es reducirlos, esposarlos y convertirlos a ellos y de inicio en sospechosos. Si. A ellos. Y con ellos a todos nosotros. Bueno, a todos no. A todos menos a los “malos”, los verdaderos delincuentes. Que están encantadísimos de esta ley contra los “buenos”.