Un abogado acusado de haber recibido pagos de unos clientes a los que se comprometió a defender, pero sin cumplirlo, ha aceptado dos años de prisión, en el juicio fijado para este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.
Lo ha hecho tras haber renunciado a la causa la acusación particular y llegar a un acuerdo Fiscalía y la defensa. Ha sido al reconocer los hechos el procesado y acordarse una rebaja de la pena que el hombre aceptó. La vista había sido aplazada en dos ocasiones anteriores.
El Ministerio Público, inicialmente, pedía para el procesado tres años de prisión. Con el pacto alcanzado, el condenado ha aceptado dos años de cárcel por delito continuado de estafa y por el de deslealtad profesional, el pago de una multa de 720 euros y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía por un período de un año y medio.
El acusado deberá, también, indemnizar a los perjudicados con 6.600 euros por las cantidades entregadas en efectivo, así como con 10.000 euros a cada uno de ellos, en concreto tres, por daños morales.
Según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, el acusado, abogado colegiado que ejercía en un despacho en A Coruña, fue contratado en septiembre de 2014 por la víctima para que defendiese a su pareja sentimental y al hijo de este, ambos en prisión provisional.
Tras haber contactado con los dos presos, "les prometió que conseguiría su excarcelación en un plazo aproximado de un mes", preparando la defensa de ambos una vez fueron puestos en libertad, a la vista del juicio que se celebraría y en la que figuraban como acusados.
El ahora condenado llegó a presentar el escrito de personación con fecha 17 de octubre de 2014. A partir de ese momento, mantuvo conversaciones con los clientes, a quienes les insistía en que conseguiría librarles de la cárcel.
"A pesar de ello, actuando con el afán de enriquecerse y sin intención alguna de cumplir las obligaciones profesionales asumidas", requirió a la contratante, en concepto de provisión de fondos, dos pagos de 3.000 euros en septiembre y diciembre de 2014, así como de 600 euros, en noviembre, para el pago de procuradores.
Hizo creer así a los clientes que hacía gestiones judiciales, interponía recursos o solicitaba al juez la puesta en libertad, cuando no presentó ningún escrito ante el órgano jurisdiccional competente, lo que determinó que padre e hijo estuvieran presos hasta el momento de la celebración del juicio, los días 10, 11, 12 y 15 de febrero de 2016.
En virtud de la sentencia del 24 de febrero de 2016 de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, los reos resultaron condenados a las penas de nueve años de prisión como autores de un delito de secuestro y de dos años y seis meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas.