La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas critica el retraso "injustificado" en la detención y localización de los agentes en búsqueda y captura por el presunto asesinato del coruñés Diego Bello. El joven, de 32 años, murió el 8 de enero de 2020 en la isla de Siargao, al sureste del país asiático, tras recibir varios disparos en una operación orquestada por los policías, que en marzo de este año fueron acusados del asesinato, por lo que se emitió una orden de arresto. 

Los acusados, el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón Pazos y Nido Boy Esmeralda, no se presentaron ante el tribunal y se encuentran a día de hoy en paradero desconocido. La directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos (CHR, en sus silgas en inglés), Caroline de Guia, criticó en declaraciones a Efe la "lentitud" de la Policía Nacional filipina en la captura de los acusados. 

De Guia mostró dos cartas enviadas a la Oficina Nacional de Inteligencia filipina (NBI, siglas en inglés), fechadas el 23 de agosto y 12 de septiembre pasados, en las que la Comisión plantea la intervención de la NBI en el proceso. "Ha habido varios casos, sobre todo de gran relevancia pública, en los que la NBI se ha involucrado y creemos que podemos confiar fuertemente en ellos" dijo esperanzada De Guia, aunque la NBI aún no ha respondido a la petición. Tras matar de seis tiros a Bello, los agentes acusaron falsamente a Bello de ser un "narcotraficante" y de haber disparado primero durante la operación policial, así como de llevar encima 10 gramos de cocaína y 30.000 pesos (unos 600 euros) en billetes marcados.