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domingo | 6 abril | 2025
Después de meses de trabajo, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunció que el Ayuntamiento, en una Junta de Gobierno local extraordinaria celebrada este viernes, acordó solicitar a la Xunta la declaración de zona residencial tensionada. Esta petición, además, se extiende a toda la ciudad y no por zonas o distritos. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, recordó que un estudio técnico encargado por el propio Consistorio certificó que la urbe cumple los requisitos.
La Ley de Vivienda señala que, para que una urbe sea declarada zona de mercado residencial tensionado, tienen que darse dos realidades: que el coste de la hipoteca o alquiler, sumados los gastos, sea superior al 30% de la renta media de los hogares, y que el precio de la compra o alquiler experimentase un incremento superior al 3% del IPC en los últimos cinco años.
Y así es: la urbe cumple con los criterios en un 50% de los diez distritos censales y en un 70% de las 186 secciones. Por ello, el Gobierno local entiende que la solicitud debe extenderse a toda la ciudad. La Xunta tiene ahora seis meses para dar una respuesta a la demanda de A Coruña, el primer municipio en solicitar esta medida. En caso de no hacerlo, la propuesta no saldrá adelante.
El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, declaró hace un par de semanas que, si A Coruña cumple los requisitos tras ser estudiada la solicitud, se declarará, pese a no ser partidario de dicha medida.
Con esta actuación, dijo la regidora herculina, se busca “reforzar el paquete de acciones que tenemos ya en marcha para hacerle frente a la subida de los costes de la vivienda en el término municipal y que están dificultando el acceso a esta a muchos coruñeses”.
A Coruña cuenta, en la actualidad, con un parque residencial de 873 viviendas públicas, de las que 450 son municipales y 423, autonómicas. “Quiero destacar el hecho de que el Ayuntamiento tenga esta cifra, no siendo la vivienda una competencia propia y sin contar con recursos suficientes para invertir en este ámbito. Si la Xunta hubiese invertido lo suficiente, hoy no estaríamos en esta situación”, apuntó el concejal.
Díaz Gallegó señaló, además, que la ciudad tiene un parque residencial de 0,35 viviendas por cada 100 habitantes. La media española es de 1,3, y la media europea, de 3,2. “Estamos, por lo tanto, muy lejos de las necesidades reales de la ciudad. Para llegar a la media europea necesitaríamos 7.200 viviendas más, pero en los últimos quince años la Xunta solo edificó cuarenta. Pese a no tener competencias, tenemos interés y preocupación, y por ello tenemos en marcha un programa a veinte años vista que tendrá efectos a medio plazo”, explicó el concejal.
Este paquete de medidas incluye la construcción de más vivienda pública, la creación de un banco de vivienda, ayudas a la rehabilitación y también cambios de normativa y gestión de solares públicos para destinarlos a vivienda. En los próximos tres años el Gobierno local tiene la intención de poder ofrecer 230 viviendas públicas, con 55 ya en construcción.
La Xunta, mientras, “deberá levantar 334 y otras 120 en suelo cecido por el Ayuntamiento; el Estado once en Adelaida Muro. Una previsión que sumaría 695 nuevas viviendas públicas”. En esta hoja de ruta está incluido que la reserva del suelo para vivienda protegida pase del actual 30% en suelo urbanizable al 40%, y del 10 en suelo urbano no consolidado, al 20%. Con todo esto, el Gobierno de Inés Rey espera tener en seis años 370 viviendas públicas más –120 en Xuxán y 250 en San Pedro de Visma–, mientras se facilita que el Gobierno autonómico construya otras 520 en ese periodo.
Los desarrollos urbanos también jugarán un papel fundamental. “El objetivo a veinte años es sumar 13.024 nuevas viviendas públicas, algo que se puede hacer mediante promoción directa o nuevas fórmulas como las que ya tiene en marcha este Ayuntamiento, mediante concursos públicos en parcelas municipales”, concluyó.
El PP local se pronunció sobre la solicitud. Para la formación, la declaración de zona tensionada “no soluciona el problema de la vivienda en la ciudad”. En Cataluña, asegura, “disminuyeron más de un 20% los contratos de alquiler firmados y los pisos en el mercado desde su puesta en marcha. Tampoco es la solución la ordenanza de pisos turísticos que aprobaron PSOE y BNG.
Lo que se necesita, dicen los populares, es “aprobar medidas para poner en el mercado las 30.000 viviendas vacías que hay en la ciudad y para ello hay que reformar la Ley de Vivienda estatal, que no da seguridad jurídica a los propietarios frente a los inquiokupas”.
