El juzgado de primera instancia número cinco de A Coruña ha fallado a favor del Ayuntamiento en el caso de la antigua cárcel provincial y desestima la demanda interpuesta por Instituciones Penintenciarias, determinando que el suelo de la cárcel provincial es de propiedad municipal, aunque el edificio sea del Estado. La sentencia deja en tablas el largo litigio que mantienen ambas administraciones, aunque no es firme, así que puede ser recorrida. Pero lo importante es que libra al Ayuntamiento de pagar cualquier indemnización por un convenio que se firmó en 2005 y que se considera nulo y por el que le exigía millones de euros. 
 

El juzgado entiende que el Ayuntamiento no tenía derecho de entregar la parcela donde se construyó el CIS al Siepse porque no es un bien patrimonial del Ayuntamiento, sino un dominio público. Por tanto, inajenable. 
 

El asunto viene de lejos. En 2005, Francisco Vázquez firmó un acuerdo con el Siepse ( Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) por el que se entregaba terrenos para construir el Centro de Inserción Social (CIS) Carmela Arias a cambio de la cárcel provincial. También debía pagar 1,2 millones de euros por el viejo centro penitenciario. El CIS se construyó y los planes para la cárcel se pusieron en marcha. Se pensaba construir un parador de turismo pero la permuta nunca se hizo efectiva. 
 

Cuando el PP llegó al poder, surgieron las primeras dificultades. Carlos Negreira no estaba dispuesto a cumplir el convenio, alegando en 2013 que era nulo de pleno derecho, porque los terrenos sobre los que se asienta la cárcel provincial había sido municipales y se habían cedido solo para construir en ellos esas instalaciones. Como el edificio no cumplía esa función desde 2010, debía ser devuelto. 
 

Pero el Tribunal Supremo rechazó la objeción, alegando que en un acuerdo bilateral una de las partes no podía declararlo nulo, permitiendo que el Siepse iniciara un pleito contra el Ayuntamiento exigiéndole daños y perjuicios por el incumplimiento del convenio. En la demanda de mayo de 201, el abogado del Estado pedía que la permuta se realizara y pagara los 1.122.772 que se le debían así como 325.000 por los gasto de mantenimiento de la cárcel provincial, que seguía deteriorándose y amenazaba ruina.  De no ser así, pedía que devolvieran a Siepse los 14,8 millones de euros como indemnización, además de los 325.000 euros por gastos de conservación.

 
La indemnización 

La situación llegó hasta tal punto que, a finales de 2022, el Gobierno local había llegado a un acuerdo con el Siepse para pagar casi 2,3 millones de euros después de haber acordado una rebaja de 600.000 respecto al precio inicial (que incluía los 1,2 millones y los gastos de mantenimiento que habían ascendido a más de un millón de euros). La alcaldesa, Inés Rey, consideró que era la mejor salida, así que llevo el acuerdo en pleno, pero toda la oposición (PP, Marea y BNG) votaron en contra y exigieron a la regidora que negociase un trato más ventajoso. 
 

En su momento, aquello contrarió mucho a Rey, que respondió a la oposición que ella ya “había hecho su trabajo” al conseguir negociar una rebaja importante sobre las pretensiones iniciales del Siepse. Sin embargo, la nueva sentencia permite negociar sin ninguna presión por parte del Gobierno central y quizá conseguir que la cárcel, que estos años ha estado languideciendo, tenga un futuro o, por lo menos, alguna utilidad como solar.