El veredicto del juicio por el crimen de Samuel Luiz va a marcar “un antes y un después” en la justicia española. Para la acusación popular, supone un precedente; para las defensas, existe lugar al recurso. La Audiencia Provincial acogió este domingo la lectura del veredicto alcanzado por el jurado popular, que llevó a cabo una de las deliberaciones más largas de la historia en este país. Han pasado más de tres años desde que Luiz perdió la vida a causa de una brutal paliza en el Paseo Marítimo. Fue el 3 de julio de 2021. La agresión duró tres minutos, y tres son los declarados culpables de asesinato con alevosía. Diego Montaña, Alejandro Freire ‘Yumba’ y Kaio Amaral, en el caso de los dos primeros por unanimidad, y el tercero con mayoría de siete votos –el mínimo que exige la ley–, recibieron este domingo al mediodía la noticia ante la expectación en el interior y exterior de la sala. 

Durante una hora, el portavoz del jurado, compuesto por nueve integrantes –seis mujeres y tres hombres– leyó primero los hechos probados del objeto de veredicto. Continuó con los no probados, y anunció el desenlace: los tres acusados ya mencionados son culpables; Katy Silva quedó absuelta del delito de asesinato, tanto en grado de coautora como de cómplice –también por unanimidad–; y Alejandro Míguez fue declarado cómplice por siete votos. Silva, por lo tanto, es la única que no entrará en prisión, aunque Míguez tampoco lo hará a la espera del resultado del recurso que impondrá su abogado, Manuel Ferreiro. Amaral, además, es culpable, por unanimidad, de un delito de robo con violencia. Los miembros del jurado consideran acreditado que Diego Montaña actuó por su animadversión hacia la orientación sexual que le atribuyó a la víctima, por lo que aprecia la agravante de discriminación.

Algunos de los procesados parecían prever lo que iba a ocurrir. Montaña, Freire y Míguez escucharon el veredicto sin apenas gesticular. Ni cuando escucharon su nombre se pudo observar una reacción en sus rostros. Freire, como ha sido habitual durante todo el proceso, cabizbajo; Montaña, apoyado sobre sus nudillos; y Míguez, mirando al frente. 

No ocurrió lo mismo con Silva. Cuando escuchó la frase “no culpable”, tardó en reaccionar, pero pronto tomó aire con fuerza. Incluso guiñó un ojo a su letrado, Luciano Prado, quien había apostado por una estrategia arriesgada, que al final resultó efectiva: se la jugó al ‘todo o nada’ al no pedir ninguna condena intermedia de forma subsidiaria. Es decir, la acusada podía ser declarada culpable de asesinato, en grado de coautora o cómplice, tal y como pedía la Fiscalía, o quedar absuelta, como reclamaba su abogado. Al salir de la Audiencia, ya libre, no pudo contener las lágrimas. Amaral, por su parte, se derrumbó. Una vez conoció el veredicto del jurado, no pudo levantar la mirada. Entre sollozos y con las manos tapando su rostro, llegó a apoyar la cabeza sobre la mesa, sin erguirla hasta que la magistrada levantó la sesión.

El relato

Seis días pasaron desde que el jurado recibió el objeto de veredicto. Este tuvo que contestar y argumentar 115 preguntas para llegar a la conclusión del grado de responsabilidad de cada uno de los cinco acusados. A través de todas ellas quedan relatados, con categoría judicial, los hechos ocurridos hace más de tres años: a Samuel lo lincharon, sin opción de defensa. Para el jurado, los implicados no actuaron con intención de causar su muerte, pero sí llevaron a cabo una serie de actos en los que debieron asumir la probabilidad de un desenlace fatal por el riesgo de las patadas, golpes y puñetazos propinados. 

Diego Montaña comenzó la agresión a grito de ‘¡maricón de mierda!’ y Alejandro Freire llegó al lugar y derribó a la víctima. Katy Silva primero trató de frenar a Montaña, su entonces pareja, tal y como muestran las imágenes captadas por la cámara de tráfico de la plaza de Portugal. Luego separó a la amiga que acompañaba a Samuel, aunque los hechos probados por el jurado indican que la intención era apartar a su novio y conseguir que dejase de agredir a la víctima. A partir de entonces, Silva no tuvo más participación y reprochó en varias ocasiones lo sucedido a Montaña. El jurado popular, además, no considera probado que incitase a su entonces novio.

Kaio Amaral entró en el núcleo de la agresión, en el que también estaban los dos menores ya condenados, y propinó una patada a la víctima. También le robó el móvil. Alejandro Míguez, por su parte, estuvo siempre presente en el grupo e incluso dificultó la defensa de Luiz enzarzándose con uno de los dos senegaleses –Ibrahima y Magatte– que lo auxiliaron. El grupo continuó el ataque en cuatro ubicaciones hasta que Samuel falleció y el jurado considera que Míguez participó de forma activa para auxiliar y facilitar la actuación de los demás.

El objeto de veredicto recoge, a su vez, que no está probado que los acusados tuviesen mermadas sus facultades cognitivas y volitivas, por lo que no encuentran atenuante alguna a sus acciones. Algunas defensas (Montaña y Freire) alegaron durante las cuatro semanas de procedimiento que sus clientes habían estado bebiendo y drogándose horas previas a la agresión. Para los nueve integrantes del jurado no existen pruebas ni testimonios fehacientes que lo confirmen. Tampoco de los presuntos trastornos de personalidad y comportamiento diagnosticados por un psiquiatra contratado por la familia de Freire, ‘Yumba’. En los hechos probados por el Tribunal del Jurado sí se aprecia alevosía, pero no ensañamiento. Esto quiere decir que la pandilla no aumentó inhumanamente y de forma deliberada el sufrimiento de la víctima, pero aprovechó la posición vulnerable de Samuel para cometer el ataque.

Penas y reacciones

Al caso Samuel todavía le queda un largo recorrido a nivel judicial. Tal y como se podía esperar, algunas de las defensas anunciaron que recurrirán. Tras conocer el veredicto, las partes hicieron su petición de penas –estas las pondrá la magistrada–, que en los casos de las acusaciones fueron máximas. 

La fiscal, Olga Serrano, señaló que debe tenerse en cuenta su actuación “brutal, atroz y extremadamente inhumana” para dar muerte a Samuel. Para Montaña pidió 25 años de prisión, al sumarle la agravante de homofobia; para Freire, 22 años; para Amaral, 27 años, al añadirle el robo del móvil; y para Míguez demandó trece años como cómplice; en todos los casos añadió cinco años de libertad vigilada posterior. A estas peticiones se adhirieron las acusaciones particular y popular. También pidieron 260.000 euros de responsabilidad civil, además de 40.000 para el padre de la víctima por su incapacidad. 

Las defensas, por su parte, solicitaron penas mínimas, al entender que solo concurre una de las circunstancias para el asesinato, que es la alevosía, y al sumar el hecho de que el jurado no vio intención de matar. Por ello, para los tres autores del asesinato reclamaron quince años de prisión –veinte para Montaña al sumar la agravante de homofobia–, otros dos más para Amaral por el robo y, en el caso de Míguez, 7 años, 6 meses y un día como cómplice. Las defensas de tres de los condenados por asesinato anunciaron que recurrirán la sentencia que dictará la magistrada en base a los hechos probados. José Ramón Sierra, abogado de Amaral, indicó que “se afirma que carga una pierna y que nadie le ve golpear. Lo condenan por estar en el grupo agresor”. Se mostró convencido de que en la segunda parte “de este partido”, que es la apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se podrá abordar esta cuestión y mantuvo que su cliente es inocente.

Manuel Ferreiro, letrado de Míguez adelantó que continuará con todos los recursos que sean necesarios para defender la inocencia de su cliente. “No puede ser que la presencia en el grupo para Catherine suponga una absolución y para mi cliente suponga una condena”,  lamentó. Por su parte, David Freire, abogado de Yumba, aseguró que se esperaba el veredicto, pero que existen cuestiones que “son impugnables y son peleables en apelación, luego también en casación”, como las atenuantes. El letrado de Montaña, Luis Manuel Salgado, explicó que estudiará la sentencia para valorar un posible recurso. Por el contrario, el abogado de la acusación popular, ejercida por ALAS Coruña, Mario Pozzo-Citro, insistió en que “lo que gritan al matar a una persona sí importa y creo que ha quedado claro”. 

Por ello, la presidenta de la entidad que defiende los derechos de las personas Lgtbi, Ana García Fernández, recordó que “la misión de ALAS en este pleito era que se demostrara que en este brutal asesinato hubo homofobia, y ha quedado probado. Este veredicto marcará un antes y un después. La sociedad avanza y este jurado popular lo ha demostrado. Cada día somos una sociedad más abierta y diversa y esto restaura, no solo la dignidad de Samuel y su familia, sino la de todas las víctimas de la Lgtbifobia de nuestro país”. Minutos después, y ya cuando el furgón de la Guardia Civil transportaba a los tres condenados por asesinato de vuelta a prisión, un arcoíris asomó sobre la Audiencia. Tres años después, Samuel obtuvo parte de su justicia.