La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestrcturas, María Martínez Allegue, junto al secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, anunció este jueves la adquisición por parte de la Xunta de 22 viviendas a la Sareb por un importe de 2.049.421euros. Una compra que, explican desde la Xunta, tras la negativa del Gobierno central a ceder estas viviendas gratuitamente, será financiada con cargo a los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, lo que supone detraer esta partida de otros programas.

De las 22 viviendas, solo ocho se localizan en las grandes ciudades, tres en Vigo, tres en Lugo y dos en A Coruña. El resto están situadas en Sarria (2), O Barco de Valdeorras (1) y Cee (11). Como explicó la conselleira, serán calificadas como de promoción pública y pasarán a integrar el parque público propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Allegue lamentó el “absurdo” que supone el hecho de que mientras la Xunta sigue demandando la cesión gratuita de viviendas, haya un plan estatal cuyo objeto es financiar la adquisición de estas viviendas. Y recordó que a pesar de las reiteradas peticiones de la Xunta al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y a la propia Sareb para la cesión, tanto de viviendas como de suelo, “la respuesta fue que descartan la cesión gratuita y solo se contemplan la venta de los activos”.

“Así, nos vemos abocados a comprar esta veintena de viviendas, que será una compra financiada exclusivamente con fondos estatales”, dijo. 

La conselleira incidió en que “el razonable sería que la Sociedad había cedido directamente a la Xunta y el Gobierno compensara de la forma que considerara oportuna, dejando que las comunidades autónomas habían destinado los fondos del Plan de Vivienda a las actuaciones propias del mismo, como son la construcción o rehabilitación de vivienda o ayudas”.

“No se puede -afirmó- cargar en las costas de las comunidades a compra de este  inmuebles, una vez la Sareb quiere desprenderse de ellos,  y empleando fondos del plan de vivienda, detrayendo de otros programas”. Y criticó la “incoherencia” de un Gobierno central que “no escucha a las comunidades, lo que complica el trabajo que debe ser común, de todas las administraciones, de garantizar el derecho de todos los ciudadanos la una vivienda digna y accesible”.