Unidos por la ‘navallada’ a Galicia. El término acuñado en los 70 para aludir a una incipiente Autopista del Atlántico. Ahora, con la intención de sumar, el alcalde abegondés, José Antonio Santiso Miramontes, convocó un encuentro al que acudieron representantes de los ayuntamientos por los que discurre la AP-9, para impulsar una reivindicación común por los adeudos del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles).  

A la cita, en la casa consistorial, acudieron 22 municipios, tanto de A Coruña como de Pontevedra (Abegondo, Ames, Bergondo, Betanzos, Cabanas, Cambre, A Coruña, Ferrol, Mesía, Miño, Mos, Narón, Neda, Oleiros, Ordes, Oroso, Paderne, Padrón, Pontedeume, Portas, Teo y Valga). Estaban confirmados, pero se excusaron en el último momento, los de Culleredo y Pontecesures.  Los asistentes decidieron constituirse en asociación de afectados para “reivindicar os nosos dereitos tras 50 anos de agravios”, resumió Santiso Miramontes. 
 

Los trámites empezarán de inmediato con la redacción de estatutos, que tendrán que ser aprobados por cada ayuntamiento integrante, pero antes se trasladará el acuerdo al resto de municipios por los que pasa la AP-9.

Frentes

Con esta agrupación, son tres frentes en los que combatirán  los afectados: el cobro de atrasos del IBI, la actualización catastral de las infraestructuras y la solicitud de compensaciones para sus ciudadanos por el uso de la AP-9.
 

En cuanto a los atrasos, estos corresponden a los últimos cuatro meses del año pasado (2023) desde que en agosto finalizó la exención del 95% que la concesionaria tenía por una disposición de la época de Franco.
Las administraciones recaudatorias, que en la mayoría de los casos son las diputaciones, aplicaron el cobro del 100% sólo desde enero del 2024, al considerar que el devengo se realiza por año natural, si bien en la convocatoria se apuntó a que, tomando como base que el Ayuntamiento de Valga acaba de cobrar también esos cuatro meses últimos de 2023 solicitándolo de manera individual, se tratará de pedir lo mismo, expusieron los representantes municipales durante el encuentro de San Marcos.

En este sentido, el alcalde de Pontedeume, y miembro del Gobierno de la Diputación de A Coruña, Bernardo Fernández, adelantó que se estudiará esta reclamación, calculando además que el 95% no cobrado de esos cuatro meses a nivel Galicia supondría unos 2,2 millones.

En segundo lugar, la asociación defenderá ante el Ministerio de Hacienda la actualización catastral de las infraestructuras de la AP-9. La última es de 2007. 
 

Porque “si la mayoría de los ciudadanos experimentó una actualización de sus propiedades, también es justo que se extienda a la autopista”, trascendió del encuentro de Abegondo. Esto redundaría en un incremento de la cuantía del IBI.

Además, las distintas administraciones municipales explorarán la oportunidad de solicitar compensaciones a sus ciudadanos por usar la AP-9. Una medida para la que servirán de modelo otros casos, como el de Navarra, con bonificaciones para los empadronados en la comunidad foral que circulen por la AP-15.
Con esta acción, “queremos facer forza conxunta”, detalló Santiso, antes de agradecer la implicación alcanzada entre todos los asistentes a la convocatoria del Ayuntamiento de Abegondo.