El Tribunal Supremo ha anulado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) y ha dado la razón a la Xunta alegando que no hay fragmentación indebida en el proyecto del parque eólico de Campelo, en el municipio coruñés de Coristanco.

La sección quinta de la sala tercera del Tribunal Supremo ha concluido que la decisión del TSXG, impugnada en casación por la Xunta, "se aparta de la doctrina jurisprudencial", por lo que la revoca.

El Tribunal Supremo señala que "el hecho de que dos o más instalaciones de parques eólicos compartan instalaciones de conexión no comporta, ineludiblemente, que debamos considerar la existencia de un único proyecto de parque eólico a efectos de su evaluación medioambiental, sino que habrá que examinar en cada caso las circunstancias concurrentes, a la luz de la normativa y de la jurisprudencia aplicables".

Por ello, el alto máximo tribunal indica que "confirma la legalidad del acuerdo administrativo que autorizó el parque eólico de Campelo" por parte de la Xunta.

La decisión del Tribunal Supremo abre la vía a otras iniciativas parecidas denunciadas por supuesta fragmentación de proyectos a potencias inferiores a 50 megavatios para beneficiarse así de un proceso acelerado de tramitación por parte de la Xunta.

Unos setenta proyectos eólicos se encuentran paralizados en Galicia por decisiones del TSXG, algunos de ellos de forma cautelar, bien por una supuesta fragmentación o, sobre todo, por presuntamente representar riesgos para el medio ambiente.

El proyecto de Campelo fue motivo de una denuncia en enero de 2022 por varias asociaciones ecologistas contra la decisión de la Xunta de aprobar la concesión de tres parques eólicos promovidos por Greenalia, una firma en la que figura en su consejo de administración la exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato.

En los tres recursos contencioso-administrativos presentados ante el TSXG, las asociaciones ecologistas, entre ellas la gallega Adega, alegaban que los parques eólicos de Campelo, Bustelo y Monte Toural, están situados en los municipios de Coristanco, Santa Comba, Carballo y Tordoia, una misma área geográfica alrededor de la laguna de Alcaián, de la que confluyen la líneas de distribución de la energía eléctrica y una estación transformadora.

Las entidades ecologistas denunciaron que la aprobación de esos proyectos por el Gobierno gallego fueron una "fragmentación artificial" en base a una acuerdo del Consello de la Xunta del 3 de mayo de 2018 con la mención de ser de "interés especial", una categoría aprobada en una ley de 2017, cuando Mato ejercía de conselleira de Medio Ambiente.

Dicha legislación prevé trámites prioritarios y aceleración burocrática a la mitad del tiempo del plazo habitual de instrucción y establece de manera automática la prevalencia de utilidad pública de los parques eólicos que no deben superar los 50 megavatios, ya que si no el procedimiento correspondería al Gobierno central.

Mato, una ingeniera industrial de formación que ejerció de diputada autonómica por el PPdeG y posteriormente entró en el Gobierno gallego, presidido por Alberto Núñez Feijóo, ocupó la cartera de Medio Ambiente de 2015 a 2018 -y previamente la de Trabajo y Política Social- para luego dejar la política y ejercer en varios consejos de administración, incluido el de Greenalia.

El proyecto de Campelo junto al de Bustelo, están promovidos por Greenalia con una potencia de 40,5 y 45 megavatios, respectivamente, prevé una inversión total de 75 millones de euros y una producción anual de 263,25 gigavatios hora, según el Observatorio Eólico de Galicia.

Por su parte, el proyecto de Monte Toural, también de Greenalia, prevé una potencia instalada de 18 megavatios y una producción anual estimada de 53,7 gigavatios hora.

El TSXG acordó en enero de 2023 la suspensión cautelar de los tres proyectos y meses después emitió una sentencia anulando la autorización de la Xunta, que presentó un recurso ante el Tribunal Supremo y que ahora ha resuelto a favor de la administración autonómica.