Miembros del Gobierno –y otros políticos– pierden el control verbal con frecuencia y lo grave es que no lo hacen con promesas más o menos difusas, como en las campañas electorales, sino cuestionando preceptos fundamentales del ordenamiento jurídico.

Dos ejemplos. La ministra portavoz se situó en una posición de “rebeldía constitucional” –una más– cuando dijo que el Ejecutivo no presenta los Presupuestos si no cuenta con votos para sacarlos adelante para “no hacer perder el tiempo al Congreso y a los ciudadanos”. La Constitución es clara: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración del año anterior”.

Por tanto, lo primero que debe hacer el Gobierno para cumplir el mandato constitucional es presentar las cuentas públicas para su debate y votación en las Cortes donde se negocian, pactan, aprueban o rechazan. La portavoz del Gobierno o el Gobierno mismo no pueden hurtar ese debate en el Parlamento.

El segundo ejemplo es de la vicepresidenta Montero que dinamitó la presunción de inocencia, un principio básico en los códigos internacionales y en nuestra Constitución. Calificó de vergüenza que se priorice la presunción de inocencia sobre “el testimonio de mujeres jóvenes, valientes que deciden denunciar a los poderosos, a los famosos”. ¿Fue un calentón verbal o forma parte de su ofensiva contra la Justicia y los jueces? En este caso, arremetió contra un tribunal formado por un hombre y tres mujeres, dos “progresistas” y una, la ponente, experta en cuestiones de Igualdad.

De hecho, la verborrea de la ministra llegó a unir a todas las asociaciones de jueces y al Consejo General del Poder Judicial, que piden “responsabilidad institucional”. Sus palabras, además de socavar un derecho fundamental, erosionan el respeto y la confianza en el sistema judicial, que seguramente es lo que buscaba. Debilitar la presunción de inocencia es abrir la puerta a arbitrariedades e injusticias.

Dicho esto, sorprende que los asistentes al mitin de Jaén, donde la ministra se explayó, aplaudieran con tanto entusiasmo. ¿No habría en la sala juristas o gente con los conocimientos básicos que da la lectura de la Constitución como para avergonzarse del bajo nivel o de la mala intención de la vicepresidenta? Sorprende también que, para justificarse, culpara al PP de la mala interpretación de sus palabras, tan claras que no necesitan exégetas, imposible tergiversarlas.

En una democracia normal (Alemania, Portugal, Francia, Reino Unido…) una vicepresidenta o cualquier cargo público que cuestionara un principio constitucional tendría que dimitir o sería cesada. Pero en España asistimos impasibles a la erosión de la democracia viendo cómo miembros del Gobierno son agitadores contra el Estado de Derecho y la Constitución.