El palacio municipal de María Pita acogió este lunes una reunión entre los representantes del Consorcio As Mariñas y el Gobierno local, con el objetivo de “acercar posturas” sobre el traslado de la basura del área metropolitana a Nostián. Aunque no llegaron a ningún acuerdo, quedaron para reunirse una vez más antes de que llegue agosto, mes inhábil por excelencia para la administración pública. El quid de la cuestión, por supuesto, es el precio de la tonelada de basura, y es lo que determinará que el Consorcio As Mariñas envíe sus desperdicios a a Nostián y no a la planta de Sogama, en Cerceda.  

En su momento, el alcalde de Abegondo y presidente de As Mariñas, José Santiso, habían amenazado con licitar su propio contrato de recogida y reciclaje de basura ante los continuos retrasos del Gobierno local. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que, meses después de esas declaraciones, no se ha comenzado la redacción de los pliegos. Esto quiere decir que el Consorcio todavía espera llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento. 

Esto es importante, porque la viabilidad de la planta de Nostián descansa sobre el hecho de que recicla no solo la basura de A Coruña, sino también la los municipios del área (exceptuando la de Arteixo). En total, cerca del 40% de los desperdicios. El Ayuntamiento ya había ofrecido al Consorcio un precio reducido en enero: 20 euros por tonelada. Sin embargo, las condiciones pueden haber variado con la subida de los costes. 

Caducada desde 2020 

Este es un importante cabo suelto en el futuro de la planta de reciclaje de Nostián que hay que atar. Pero el principal es que todavía no se ha licitado la nueva concesión. La anterior caducó el 31 de diciembre de 2019, de manera que Albada lleva gestionando la planta en precario desde hace cuatro años y medio. La alcaldesa, Inés Rey, aseguró el 1 de julio que “tenemos los pliegos terminados y vamos a sacar adelante la contratación de la planta a la mayor brevedad”.

Mientras tanto, los trabajadores de Albada preparan una huelga para los días 19, 24 y 26 de este mes. Alegan, entre otras cosas, inseguridad laboral, con doce accidentes (ninguno grave) este año, sueldos congelados e incertidumbre del futuro. Los asalariados reconocen que el problema de inseguridad se debe a que la instalación es obsoleta, y Albada no la va a renovar cuando no tiene la concesión.

Otro cabo importante por atar es que el Gobierno local tampoco ha cerrado un convenio con Ecoembes, después de que el anterior se terminara el 1 de enero. Esta entidad, que agrupa a los principales fabricantes de envases, pagaba un importante canon por el material recuperado que suponía unos nueve millones de euros al año, de la que depende la paga de productividad de los trabajadores. Estos temen que no la cobrarán en 2025, lo cual es otro motivo para la movilización.