Después de la reunión de ayer, en la que los vecinos de As Xubias expresaron su preocupación por la falta de detalles sobre el convenio entre el Ayuntamiento y el fondo suizo Ginkgo para urbanizar la zona, el PP ha sido el primero en dar un paso adelante. El portavoz de su grupo municipal, Miguel Lorenzo, se ha comprometido a "defender a los vecinos de As Xubias frente a la especulación urbanística y a la falta de transparencia municipales".
La postura de la oposición es importante porque es necesario aprobar el convenio en el pleno, y el Gobierno de Inés Rey se encuentra en minoría. Tradicionalmente se apoya en el BNG, que dispone de cuatro concejales, pero a veces también ha podido contar con el PP, que es el grupo mayoritario.
Lorenzo reclama “luz y taquígrafos sobre esta operación urbanística porque la falta de información y lo poco que se va sabiendo intranquiliza a los vecinos de As Xubias”. En efecto, durante la reunión que mantuvieron ayer comentaron las incógnitas del actual texto del convenio, como la edificabilidad en cada zona, la falta de documentación relacionada y que se haya sacado a exposición pública en agosto, mes tradicionalmente inhábil.
El portavoz Popular también exige a Inés Rey que aclare “si mantendrá los criterios que aprobó en Junta de Gobierno en 2022 respecto a la reducción de la edificabilidad” por la protección paisajística de la zona. Asimismo, considera necesario que la Alcaldesa explique “si hay incompatibilidad de Isabel Pardo de Vera, asesora de este fondo de inversión, y presentada por la Alcaldesa oficialmente como directora del plan estratégico municipal en el mes de abril”.
El Grupo Popular ha mantenido varios encuentros individuales con vecinos de la zona, dentro su campaña de información para que conozcan el alcance del acuerdo entre el Gobierno municipal y el fondo inversor y resolver sus dudas sobre el contenido de un convenio urbanístico que les afecta directamente.
Miguel Lorenzo recuerda que el documento se firmó el pasado 30 de julio, “sin informar ni antes ni después a los vecinos ni a la oposición” del convenio entre el Ayuntamiento y la sociedad Castro de Oza S.L, cuyo único propietario es un fondo de inversión extranjero y que adquirió casi todas las parcelas de la zona tres días después de haberse constituido.