La palabra es “pedagogía”, por cuenta de los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) que, a partir de ahora, con la subida de unos 50 euros al mes (hasta 1.184 en 14 pagas, 16.576 por año), ya tendrán que retratarse ante la Agencia Tributaria con la correspondiente declaración anual del IRPF (impuesto a las rentas de las personas físicas).

Los valores de la pedagogía parecen un hallazgo reciente de los ministros de Sánchez como coartada de sus enfrentadas posiciones. Los abanderados por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dan clases, queridos niños, sobre la importancia de la conciencia fiscal. En cambio, los de la también vicepresidenta, y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablan de “justicia social”.

Si ustedes han tenido ocasión de conocer la bronca televisada de los conflictos internos en el gobierno colombiano de Gustavo Petro, no encontrarán odiosa la comparación con lo ocurrido en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros del martes pasado.

Fue cosa de ver cómo la portavoz, Pilar Alegría, y la vicepresidenta, Yolanda Díaz, se apedreaban en público porque las dos almas del Gobierno no habían encontrado el momento de pactar la discrepancia y acompasar la remada en favor del “escudo social”.

Vuelven a dar cuartos al pregonero sobre el estado comatoso del pacto de investidura que mantuvo a Pedro Sánchez en la Moncloa tras las elecciones generales de julio de 2023. Hasta el punto de que ya afecta a la coalición de Gobierno (PSOE-Sumar), que viene siendo el núcleo duro de aquel alineamiento parlamentario, en el que también figuran los costaleros nacionalistas y los emancipados de Podemos.

Sin perjuicio de señalar la torpeza política que traslada un desajuste interno, me instalo en el sentido común. Quedo a la espera de que un pedagogo de guardia me convenza de lo contrario. Es perfectamente conciliable la conciencia fiscal, recogida en el artículo 31 de la Constitución (deber de contribuir en función de las posibilidades económicas de cada uno, que es una viga maestra del sistema) con los principios de arropamiento a los económicamente débiles (lo que siempre hemos llamado justicia social).

No debemos ignorar que la subida contempla las circunstancias personales de los perceptores del SMI, de modo que aproximadamente el 80% (familias con hijos, por ejemplo) van a quedar fuera del radar de la Agencia Tributaria. Es decir, que no pagarán por IRPF o que incluso su declaración le puede salir a devolver.

Pero las cabezas de huevo de la Moncloa debían estar silbando melodías en vísperas del lamentable espectáculo de dos miembros del Gobierno discutiendo a la colombiana ante las cámaras de televisión.