El Ayuntamiento ha expresado su interés en negociar con el Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) para “buscar a mellor forma de recuperar a propiedade da antiga prisión provincial”, después de que una sentencia desestimara la demanda de este organismo que quería obligar al Ayuntamiento al pago de 2,8 millones de euros por el viejo presidio. 

El Gobierno local espera reanudar las negociaciones a corto plazo, pero el Siepse podría recurrir sentencia del juzgado de primera instancia número cinco, que no es firme. Mientras tanto, el edificio se convierte lentamente en una ruina cuyo rehabilitación sería millonaria. El inmueble se inauguró en septiembre de 1927, y aunque los informes municipales señalan que la estructura general en sí es firme, los muros muestran filtraciones y la cúpula corre peligro por la invasión vegetal.
 

En 2005, el gobierno liderado por Francisco Vázquez firmó con el Siepse una permuta por la que entregaba el solar donde se construiría el Centro de Inserción Social (CIS) a cambio del solar de la cárcel y del propio edificio. A mayores, debía pagar 1,2 euros y 325.000 euros de gastos de mantenimiento. Ya con Carlos Negreira al mando en María Pita se echó atrás el acuerdo y comenzó un largo litigio que todavía no ha concluido. 
 

En 2018, el Gobierno de la Marea Atlántica decidió confiar la gestión de las instalaciones a un colectivo vecinal, Proxecto Cárcere, con el objetivo de abrirlo al público y que se conociera su historia. Al entrar allí denunciaron su “abandono absoluto”. En 2018 se realizaron varias obras con fondos municipales para reponer el sistema eléctrico y otros trabajos de mantenimiento básico en la entrada y los patios. Ese mismo año, Proxecto Cárcere cesó su actividad tras seis meses. 
 

En 2023 unos okupas se instalaron en el lugar. Permanecieron allí durante meses, hasta que uno de ellos decidió abrirlo al público por medio de visitas organizadas. En julio de ese mismo año, tras acudir la Policía, el okupa lo abandonó y entregó las llaves. El Siepse tapió el lugar e instaló un servicio de seguridad, y eso fue lo último que se supo de la instalación. A lo largo de los años se han propuesto diversos usos para la estructura, como residencia de estudiantes (que al final se materializó en la Elvira Bao, inaugurada hace ya seis años), una biblioteca, salas multiusos, un centro de interpretación de la torre de Hércules (como la estructura que se levanta actualmente en el aparcamiento del faro romano, pero a lo grande) y, por supuesto, usos turísticos. Incluso se habló de convertirla en un parador.
 

Sin embargo, van a pasar 20 años y ambas administraciones siguen atascadas en su disputa. La última sentencia anula a todos los efectos del convenio en 2005: el suelo del CIS es municipal, y la cárcel provincial sigue siendo del Estado.